El 18 de diciembre último, el Gobierno dio como plazo 72 horas para que abandonen el país 11 abogados e investigadores de la Cicig, a quienes se les revocó o denegó la visa de trabajo, una decisión que fue criticada por varias organizaciones y que además fue tomada durante el período de vacaciones de la Cicig.
Horas antes, en una publicación en el oficial Diario de Centro América, la Cancillería hizo público que esos 11 profesionales dejaron de gozar de privilegios e inmunidades porque se les retiraron las acreditaciones.
La medida gubernamental causó que abogados, organizaciones de la sociedad civil, la Procuraduría de los Derechos Humanos, y los mismos investigadores de Cicig, plantearan recursos legales en la Corte Suprema de Justicia y de Constitucionalidad con el fin de detener la expulsión de los funcionarios.
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El 21 de diciembre pasado la CC declaró con lugar tres apelaciones promovidas por el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas; la mandataria de la Cicig, y los diputados que integran el Frente Parlamentario por la Transparencia, por lo que otorga el amparo provisional que deja en suspenso unas notas diplomáticas del 11 de octubre último y dio otorgó plazo de 12 horas al director general de Protocolo y Ceremonial Diplomático del Ministerio de Relaciones, a partir de la notificación, para que extienda las visas de cortesía que fueron revocadas.
La Cancillería, entonces, interpuso un recurso de ampliación ante la CC, previo a que se venciera el plazo de la orden que emitió el alto tribunal para renovar visas.
Además, el miércoles último, el Gobierno, por medio de la Procuraduría General de la Nación, accionó penalmente contra tres magistrados de la CC (Gloria Porras, Bonerge Amílcar Mejía Orellana y José Francisco de Mata Vela), después del amparo, a los que acusó de delitos de violación a la Constituicón, resoluciones violatorias a la Constitución, prevaricato y abuso de autoridad.
Con la decisión de la CC de este jueves, las visas de los investigadores deben ser renovadas.
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