Justicia
CC confirma cierre de caso Plazas Fantasma y beneficia a exfuncionarios señalados
Magistrados de la CC rechazaron una apelación del MP y confirma el cierre del caso Plazas Fantasma, con lo que se beneficia a varios exdiputados.
Exdiputados y otros señalados en el Caso Plazas Fantasma durante una audiencia de julio de 2022. (Foto: Hemeroteca PL)
La Corte de Constitucionalidad (CC) ratificó el cierre del caso Plazas Fantasma al rechazar una apelación del Ministerio Público (MP) sobre la resolución del juzgado de Mayor Riesgo “A”, que cerró la investigación contra exdiputados y extrabajadores del Congreso de la República.
En septiembre de 2022, la jueza Claudette Domínguez declaró el sobreseimiento del caso en el que se investigaba a varios exdiputados, algunos exintegrantes de la Junta Directiva del Congreso de la República.
Con esa resolución lo exparlamentarios se libraron de enfrentar juicio en el caso Plazas Fantasma, por lo que el MP apeló la resolución en una sala, pero esta ratificó el fallo de Domínguez.
De esa cuenta, la Fiscalía se abocó a la CC en busca de revertir la decisión de la jueza, pero este jueves 1 de agosto los togados de la máxima corte ratificaron ese fallo y cerraron el caso de corrupción en el Congreso.
La decisión de la CC se fundamentó en que, de acuerdo con los magistrados, la Sala que concedió el sobreseimiento en favor de los presuntos implicados actuó conforme a la ley, por lo que ratificó esa decisión.
Entre los exdiputados señalados se encuentran César Fajardo, Alfredo Rabbé, Julio César López Villatoro, Carlos Enrique López Girón, Carlos Herrera Quezada, Christian Boussinot, Arístides Crespo, Selvin García, Alexander Castillo, Juan Alcázar y Marcelino Chutá.
En total son 59 personas las que fueron implicadas en este proceso.
Sin embargo, todos los exdiputados que eran señalados de abuso de autoridad, nombramientos ilegales y peculado por sustracción fueron beneficiados con el sobreseimiento a su favor.
El caso
En 2016, la Feci y la extinta Comisión Internacional en Contra de la Impunidad en Guatemala (Cicig) revelaron un caso de corrupción en el Congreso de la República que salpicaba a diputados y trabajadores de ese organismo.
La investigación estableció que durante el periodo de la Junta Directiva del Organismo Legislativo 2014–2015 se contrató a personas sin que llegaran a trabajar al Congreso.
Estas personas no laboraron, pero cobraron salarios de entre Q15 mil y Q20 mil, incluso, algunas solo tenían escolaridad de nivel diversificado.
La investigación determinó que los sindicados prestaron su nombre y recibieron fondos por concepto de pago de planilla del Congreso, pero no se presentaban a laborar, incluso, varios de ellos trabajaban para otras instituciones del Estado.
Entre los cargos que aparentemente desempeñaban figuraban secretarias, asistentes y técnicos operativos, entre otros, pero pese a los indicios reunidos en la investigación, el caso fue cerrado por la jueza Domínguez.