Justicia

CC confirma anulación de pruebas en contra de exdiputados del cancelado Partido Patriota que habrían recibido sobornos

No podrán utilizarse las declaraciones en anticipo de prueba que fueron incorporadas a la investigación relacionada con el pago de sobornos a congresistas.

Funcionarios del extinto Partido Patriota durante una actividad. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Funcionarios del extinto Partido Patriota durante una actividad. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó la resolución del juez décimo, Víctor Cruz, que anuló la prueba recabada contra diputados del extinto Partido Patriota que habrían recibido sobornos.

Con este fallo no podrán utilizarse las declaraciones en anticipo de prueba que fueron incorporadas en esa investigación relacionada con el pago de sobornos a congresistas, para la aprobación de determinadas leyes en el Congreso de la República.

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) indicó que con lo sucedido, la CC denegó la decisión relacionada con un recurso de reposición que fue conocido por el juez décimo de primera instancia penal como supuestamente ejecutado en una sentencia de amparo.

Añadió que dicho recurso ya había sido resuelto por la juez noven de primer instancia penal que anteriormente tenía el caso y en dos ocasiones se ejecutó una misma sentencia

Agregó que la CC al resolver ha indicado que ellos no advierten la existencia de los agravios denunciados por la Feci.

Señaló que según lo resuelto por el juez décimo se anuló todo lo actuado y esta fiscalía por no tener personas vinculadas a proceso actualmente, tendrán que practicar diligencias de investigación.

Afirmó que no tienen impedimento para que ciertas personas se presenten nuevamente ante el órgano jurisdiccional para brindar su declaración, si se justifica cuál es el peligro que representa para ellos.

La Feci manifestó que con lo resuelto afecta el trabajo de investigación y se vulnera el principio de seguridad jurídica, pues dejan sin efecto una resolución ya emitida.

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El fiscal Juan Francisco Sandoval informó que con esta resolución se anularon actuaciones de noviembre del 2017 hasta la fecha en el juzgador emitió la resolución.

Dijo que ahora deben hacer un inventario de las diligencias de investigación que quedaron sin efecto y verificar si se pueden repetir.

“En este momento estamos en análisis con respecto a la afectación que ha provocado dicha resolución”, manifestó.

Añadió que otro cuestionamiento que tienen que hacer al tribunal constitucional de primer grado, es a qué ejecutoria se le hace caso, si a la en su momento desarrolló la juez noveno de primera instancia o a una resolución emitida por el juez del Juzgado Décimo que resolvió sobre lo mismo.

Resaltó que la persecución penal es irrenunciable, por lo que buscarán los mecanismos que permitan viabilizar el tema.

En el análisis tienen que verificar cuál será la manera de encausar la investigación.

Está pendiente que sean resueltas dos recusaciones  contra el juez décimo de primera instancia penal.

El 17 de junio, la CC confirmó  la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que rechazó el antejuicio sin conocer en contra del juez Décimo, Víctor Cruz, y por lo tanto la Feci no podrá investigarlo por supuestamente haber beneficiado a los implicados en el caso “Subordinación De Poderes”.

El juez era señalado de anular numerosos elementos de investigación del caso “Subordinación de Poderes para beneficiar a los implicados y por eso la Feci solicitó el retiro del derecho de antejuicio; sin embargo, este no prosperó.

Baldetti habría dado dinero a diputados

Referente al caso, la investigación detalla cómo, presuntamente, en 2014, la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti entregaba dinero a diputados en el Congreso para que aprobaran leyes, así como la elección de magistrados para la CSJ y Cortes de Apelaciones.

El documento de la Feci y la extinta Cicig se refiere a que producto de estos pactos, y de esa supeditación del poder Legislativo a las órdenes del poder Ejecutivo se tomaron varias decisiones en el Congreso y se sancionaron leyes, entre ellas la que se aprobó el 8 de abril de 2014, el Decreto 12-2014 Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos.