El segundo cargo por el que es acusado el periodista es tráfico de influencias, por el que autoridades investigadoras solicitaron 12 años de prisión; y el tercero y último delito es el de chantaje, por el que requirieron ocho años de cárcel.
Zamora lleva guardando prisión preventiva 11 meses y 28 días en el centro carcelario instalado en la Brigada Militar Mariscal Zavala, en la zona 16, y hoy se conocerá el fallo del Tribunal Octavo de Sentencia, quien tuvo a su cargo el debate oral y público.
El proceso judicial se ha librado entre señalamientos de diversas organizaciones internacionales como un atentado contra la libertad de prensa, así como de la libre emisión del pensamiento.
Garantías
Para el integrante del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, Zoel Franco, el caso ha sido bastante polémico desde los allanamientos en los que se capturó a Zamora en su residencia.
Opinó que la Feci “ha tenido una función bastante polémica y que, en lo personal, se podría decir que ha violado los derechos de las garantías procesales que se deben dar en un juicio de esta naturaleza”.
También señaló que el proceso se ha llevado de una manera inadecuada, ya que a su decir, la fiscalía a cargo del caso debió ser la de Fiscalía de Delitos contra Periodistas.
A decir de Franco, en los procesos que involucran a periodistas suelen violentarse los derechos y garantías procesales.
Los medios de prueba
Oswaldo Samayoa, integrante del Centro de Estudios de Guatemala, consideró que “las pruebas que se ha presentado no han guardado la cadena de custodia adecuada para garantizar que no fueran alteradas o manipuladas”, lo cual pone en duda la certeza de la comisión o no del delito.
Dentro de las pruebas, la fiscalía presentó Q300 mil en efectivo que presuntamente Zamora entregó en persona a la persona que lo denunció, Ronal García Navarijo, quien, a su vez, le diera un cheque de una empresa para poder bancarizar el monto.
Dicha prueba fue discutida por la defensa de Zamora porque una cantidad del dinero contaba con cintillos en las fotografías del expediente, acreditando que había salido de un banco, sin embargo, cuando fueron presentados en la audiencia estos ya no estaban.
Samayoa argumentó que dentro del debido proceso es importante la calidad de las pruebas presentadas por el ente investigador que deben tratar de ser refutadas por la defensa, es decir, no se trata de quien tenga más indicios, sino de quien tenga los mejores.
“En un régimen del debido proceso la defensa tiene acceso a todo lo que el MP maneja y a partir de eso busca medios legales para poder desacreditar ese tipo de dudas”, indicó.
De la misma manera, detalló Franco, en un proceso judicial es fundamental la calidad de las evidencias, a lo que agregó que en este caso se rechazaron algunas como medios de prueba, lo cual “es muy relevante porque se está negando el derecho de defensa de la persona y al final de cuentas se está negando el derecho de presunción de inocencia, que es fundamental en un proceso penal”.
En cuanto a la defensa, Samayoa estableció que “hay un ataque sistemático contra el derecho de defensa y por lo tanto violaciones al debido proceso cuando a los más de nueve abogados que trataron de asistir a Zamora fueron, en algunos casos, acosados, otros tuvieron que abandonar y otros han sido acusados”.
Los abogados defensores
En la etapa de juicio contra el periodista José Rubén Zamora han desfilado tres abogados defensores, pero en la etapa inicial del proceso estuvo acompañado de otros profesionales del derecho que por diferentes circunstancias abandonaron la defensa técnica del periodista.
Juan Francisco Solorzano Foppa, por ejemplo, fue el primer abogado defensor, y actualmente ha sido señalado por autoridades del Ministerio Público (MP) por aparentes actividades al margen de la ley.
Posterior a él, acompañaron en el proceso de Zamora los siguientes abogados: Justino Brito, Christian Ulate, Mario Castañeda y Romeo Montoya, todos ellos desfilaron junto a Zamora en las distintas etapas del proceso penal, que van desde el allanamiento, la orden de captura, la audiencia de primera declaración y el desarrollo de la etapa intermedia, en donde el comunicador fue enviado a juicio.
Durante el debate oral y público han estado junto a Zamora, Patricia Chea y Sergio Szenjer, abogados particulares, pero en esta etapa final del proceso la defensa del periodista está en manos del profesional del derecho Joel Iván Reyes, del Instituto de la Defensa Publica Penal (Idpp).
Otro punto mencionado por Samayoa que pone en tela de duda las garantías y el debido proceso es que se está utilizando la aceptación de cargos de otras personas en casos relacionados, cuando en un proceso judicial la culpa es personalísima.
“Hay otro elemento que están utilizando como un discurso que la aceptación de cargos de otros genera la evidencia de responsabilidad penal del señor Zamora, lo cual no es así cada uno acepta una responsabilidad en cuanto a su participación y no necesariamente esa aceptación implica la participación de otro”, explicó Samayoa.
El mensaje
Bajo la perspectiva de Franco, todo el juicio y la manera en la que se ha desarrollado ha violentado los derechos humanos y garantías constitucionales, dejando el mensaje de atentar contra la libre expresión y emisión del pensamiento.
“Estamos ya en un riesgo de violación a estos derechos fundamentales que todo ciudadano tiene. Eso hay que señalar que es lo que se ha castigado”, concluyó.
Asimismo, Samayoa recalcó que el trasfondo es amenazar a los medios de comunicación, el riesgo que corren de recibir financiamiento privado, que luego podría ser utilizado como financiamiento ilícito o banqueo de dinero e intimidar a los periodistas y el riesgo que corren los medios.
“Es una amenaza a los medios de comunicación de no publicar nada en contra del poder político ni quien ostente o quiera ostentar el poder”, finalizó.
