En ese punto es que las investigaciones del MP establecieron que por intervención del entonces presidente Álvaro Colom y el exministro de Finanzas Públicas, Juan Alberto Fuentes Knight, evadieron consultar a varias instituciones y obviar al mismo tiempo procedimientos que pudieron, en su momento, haber frenado el proyecto.
Instituciones y procedimientos que omitieron:
- No se remitió el proyecto de implementación del sistema prepago a la Secretaría General de Planificación de la Presidencia (Segeplan)
- No se consultó a la Municipalidad de Guatemala sobre la conveniencia de poner a funcionar el sistema prepago.
- No se solicitó a la Procuraduría General de la Nación (PGN) el visto bueno acerca de si el negocio era lesivo para el Estado.
- No se remitió el Acuerdo 103-2009 a la Contraloría General de Cuentas para su análisis.
- No existió estudio sobre el alcance, el costo y la necesidad del sistema prepago.
- No se efectuó la licitación como lo establece la ley.
- No existió análisis técnico y financiero para determinar el monto del proyecto.
Instituciones confirman que no fueron consultadas
La exsecretaria de Segeplan en el tiempo del gobierno de la UNE, Karin Slowing, comentó que la forma en como diseñaron la entrega fue por medio de una transferencia de recursos a una empresa y asociación; por lo tanto, cuando es una transferencia de fondos no lo maneja Segeplan sino lo ve directamente el Ministerio de Finanzas.
“Una de las razones por las que puedo pensar que no consideraron relevante enviar el proyecto a Segeplan era porque no se manejó como un proyecto de inversión pública, aunque era una inversión fuerte para un servicio público, pero se manejó como una transferencia de capitales y no está en competencia de Segeplan”, explicó la exfuncionaria.
Slowing afirmó que nunca conoció el tema, no existe dictamen y por consiguiente nunca se consultó. La analista agregó que no pone en duda las investigaciones del MP y la Cicig.
La actual analista agregó que al pensarlo de manera sensata los temas de inversión pública pasan por la Segeplan.
Carlos Mencos, contralor general de Cuentas, informó que no encontró ninguna consulta previa sobre el tema del proyecto del Transurbano.
El funcionario comentó que posteriormente a su funcionamiento fue cuando la entidad encontró varias anomalías que fueron reveladas en su momento. “Es la labor de la CGC fiscalizar la ejecución de los gastos”, enfatizó.
Mencos puntualizó que el Ejecutivo no realiza consultas a la CGC para poder emitir sus cuerdos gubernativos, salvo cuando lo establecía el Artículo 44, para proyectos declarados como emergencia nacional, entonces sí debían ser conocidos por Segeplan, Finanzas y la Contraloría.
Anabella Morfin, jefa de la Procuraduría General de la Nación (PGN) comentó que el tema es preocupante. “Desde luego, hubo desvío de recursos del Estado en beneficio de particulares, como indicó la fiscal general, Thelma Aldana, fue totalmente al margen de la PGN, no fue incluido un dictamen jurídico y por consiguiente estamos ajenos a esa decisión tomada por el Ejecutivo de aquel entonces”, afirmó la procuradora.
PGN analizará posibilidad de intervenir Transurbano
La procuradora General de la Nación, Anabella Morfín, indicó que ya recibió el oficio del diputado Amílcar Pop para realizar un análisis y determinar si es factible intervenir el Transurbano.
La funcionaria indicó que se conformará una mesa técnica con especialistas, quienes determinarán la factibilidad de la intervención. La procuradora indicó que por parte del Organismo Ejecutivo no ha recibido ninguna indicación para hacer este tipo de análisis.
Municipalidad de Guatemala se desliga
Carlos Sandoval, vocero de la Municipalidad de Guatemala, aseguró que el Transurbano no opera y tampoco trabaja en conjunto con la entidad municipal, dado que la empresa Transurbano pertenece a dos o más sociedades anónimas que fueron las que participaron en las licencias de operación de rutas.
“Tenemos relación con las empresas que licitaron, se otorgaron las licencias de operación sobre rutas, pero no avalamos el proyecto Transurbano”, enfatizó el comunicador.
Con relación a lo que mencionó el comisionado de la Cicig, Iván Velásquez, sobre que la Municipalidad no ejerció su rol rector, como dicta la Constitución de la República de Guatemala, el vocero contradijo los señalamientos y aseguró que la Municipalidad cumplió con otorgar las licencias para operación de rutas a las empresas que ganaron la respectiva licitación. Cómo hayan adquirido los buses no es competencia de la entidad, agregó Sandoval.
Sandoval indicó que las bases de licitación de Guatecompras están claras y las empresas cumplieron.
“Qué podemos hacer, no podemos predecir el futuro, estas empresas contaban con patentes de comercio, número de NIT, asistieron con documentos a la apertura de plicas, se presentó el informe a la CGC, no podíamos negar su participación solo porque en el futuro tendrían problemas, no podemos predecir eso”, concluyó.
