El Ministerio Público (MP) comenzó con la imputación de los delitos de fraude y peculado contra la mayoría de los exfuncionarios.
El MP expuso que Gustavo Alejos Cámbara, exsecretario privado de Álvaro Colom, habría sido el responsable coordinar la Comisión de Fortalecimiento y Modernización del Transporte Público.
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El MP también dijo que la AEAU no tiene constancias que acrediten el gasto de US$ 35 millones que supuestamente se utilizó para adquirir el sistema prepago.
La investigación asegura que hubo un retorno de Q7 millones de los cuales se desconoce su paradero.
El MP aseguró tener información que la empresa brasileña a la que los empresarios de transporte urbano le compraron los buses, entregó un monto de dinero (aún no establecido) a Alejos Cámbara.
Por esas sindicaciones, y por supuestamente haberse beneficiado con US$ 264 mil de empresa intermediaria que adquirió el sistema prepago, el MP imputó el delito de lavado de dinero u otros activos al exsecretario privado de la Presidencia, Alejos Cámbara.
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Cargos contra el expresidente
La imputación contra Colom fue la última hecha por el MP. Los argumentos contra el exmandatario comenzaron con la formulación que las elecciones del 2007 generaron las condiciones propicias para beneficiar a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU), empezando con la contratación de buses para trasladar a los votantes.
La Feci también expuso que el expresidente Colom, en su calidad de garante, actuó “con grave abuso de confianza y en contra de los intereses de la administración pública” Al final, Colom se segó a declarar.
Fiscalía Especial contra la impunidad señala que Álvaro Colom como Presidente Constitucional de la República, ostentando la calidad de garante, actuó con grave abuso de confianza y en contra de los intereses de la administración pública. #CasoTransurbano pic.twitter.com/GdLRqYBlvc
— MP de Guatemala (@MPguatemala) 23 de febrero de 2018
Mientras los exministros Ana Ordóñez, Abraham Valenzuela, Édgar Rodríguez, Erasmo Velásquez, Celso Cerezo, Alfredo Pokus, Jerónimo Lancerio y Luis Ferraté son imputados por los delitos de peculado y fraude.
El MP argumenta contra los funcionarios del gabinete de Colom que sabían que no había informes, y pese a ello validaron el acuerdo para darle vida al Transurbano. La AEAU entregó hasta seis meses después de firmado el acuerdo gubernativo el plan operativo.
Los exministros Celso Cerezo, Édgar Rodríguez y Abraham Valenzuela decidieron no declarar. Solo la exministra de Educación Ana Ordóñez, decidió contar su versión de los hechos.
Ordóñez dijo en su declaración que nunca se enteró que existiera una objeción del exvicepresidente Rafael Espada para la suscripción del acuerdo del Transurbano, esto en respuesta a la Feci que dijo contar con cuatro denuncias por el caso, entre ellas la de Espada. El juez decidió suspender la audiencia y la reprogramó para el próximo lunes.
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