El abogado en Guatemala de APM Terminals, Juan Pablo Carrasco, indicó vía telefónica que el señor Pérez-Maura García busca de manera jurídica que su representada no entregue información al Ministerio Público (MP) y a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), sobre cómo se obtuvo TCQ por parte de TCB.
Pérez Maura exige impunidad en caso TCQ. Se está defendiendo de los 30 millones de dólares. Está buscando vivir en la impunidad.
— CICIG Guatemala (@CICIGgt) July 12, 2016
“El grupo Pérez y Compañía, a raíz de los señalamientos del MP y la Cicig, accionó en las cortes españolas para que APM Terminals no colabore con las autoridades guatemaltecas con revelar cualquier información que se pueda encontrar como resultado de una investigación interna que hace la compañía, donde la mayoría de los documentos están en España u otros países”, dijo el abogado.
Carrasco informó que las acciones se dan luego que APM Terminals anunciara que cumplirá con su política de cero tolerancia a la corrupción, y para frenar esta colaboración, Pérez-Maura de manera verbal y por medio de cartas, ha solicitado que no se entregue información, sin embargo la empresa se ha negado, por lo que se accionó por la vía legal.
“Vivir en la impunidad”
El jefe de la Cicig, Iván Velásquez, señaló que la acción que Pérez-Maura emprendió en España tiene el objeto de encontrar impunidad.
“Pérez-Maura exige impunidad en el caso TCQ. Se está defendiendo de los US$30 millones que dio de soborno, y lo que busca es vivir en la impunidad”, refirió.
Velásquez agregó que lo que hace el empresario español es como decir “no colaboren” con la justicia de Guatemala.
Soborno millonario
El 15 de abril último, el MP y la Cicig revelaron otro caso de corrupción que implica al expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicegobernante Roxana Baldetti quienes recibieron sobornos por US$4.2 millones cada uno, negociados con directivos de Group Maritim TCB y su filial en Guatemala, Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
El grupo criminal negoció sobornos por US$24.4 millones para dejar operar a la compañía, aunque al final solo recibió US$12 millones. Otros US$5.5 millones fueron entregados a otros grupos, para un total de US$30 millones, según detalla el MP.
