Curruchiche informó, mediante un video difundido por el MP en redes sociales, que las órdenes de captura fueron solicitadas por la Feci y son contra el abogado Juan Pablo Carrasco de Groote, a quien identifica como cónsul honorario de un país de la Unión Europea y además, como presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham) y exasesor de la empresa Odebrecht.
Además, también se autorizó la aprehensión de la exfiscal general de la República y jefe del MP Thelma Esperanza Aldana Hernández; la exsecretaria general del MP, Mayra Johana Véliz López y contra el exmandatario de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Luis David Gaitán Arana.
Curruchiche detalló que las órdenes de captura para estas personas son por los delitos de obstrucción de justicia, conspiración y abuso de autoridad.
Las órdenes de aprehensión fueron giradas por la jueza de turno penal, Carol Patricia Flores Polanco, quien perdió la inmunidad en 2015. En abril de ese año, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Pubñico presentaron la solicitud de retiro de antejuicio contra Flores Polanco, a fin de que se le invesigara por los posibles delitos de lavado de dinero u otros activos; enriquecimiento ilícito, e incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial.
Además, en mayo de 2011, la jueza también fue quien cerró el proceso en el que se vinculó Alejandro Giammattei y se le señaló en un caso de ejecuciones extrajudiciales cuando dirigió el Sistema Penitenciario entre 2005 y 2007.
Van contra Iván Velásquez
En el video el actual jefe de la Feci mencionó: “Quiero manifestar que la Fiscalía Especial contra la Impunidad emprenderá las acciones legales correspondientes para que respondan por sus actos ilegales, arbitrarios y abusivos el excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez Gómez y la exfuncionaria de Cicig, Luz Adriana Camargo Garzón.
También mostró en pantalla algunos correos electrónicos en los que supuestamente se comprueban las negociaciones entre las autoridades de ese entonces y Odebrecht.
Explicó que “en un correo electrónico enviado el 15 de junio de 2017 por la funcionaria de Cicig, Luz Adriana Camargo Garzón a Juan Pablo Carrasco de Groote le indica que la exfiscal Thelma Aldana y el excomisionado de la Cicig, Iván Velásquez Gómez solicitan que se realicen cambios a los acuerdos de colaboración eficaz”.
Agrega que el 3 de agosto de 2017, “Juan Pablo Carrasco de Groote envía correo electrónico al abogado brasileño Guillermo Solis y le informa sobre una reunión sostenida en la Cicig, y en la que participaron la exfiscal general Thelma Aldana y el excomisionado de la Cicig, Iván Velásquez Gómez, quienes otorgan el visto bueno para que se suscriban los acuerdos de colaboración eficaz en Brasil, lo cual denota que tenían pleno conocimiento de las oscuras y corruptas negociaciones que se estaban realizando con la empresa Odebrecht”.
Curruchiche señala que el 11 de agosto de 2017, Adriana Camargo Garzón envía un correo electrónico a Juan Pablo Carrasco, con copia al correo Iván Velásquez Gómez con el siguiente mensaje: “Luego de la revisión final de los últimos ajustes a los acuerdos de colaboración eficaz, se ha recibido visto bueno para seguir adelante con el trámite, en tal virtud, la semana siguiente se harán las coordinaciones con el juzgado contralor del caso para concretar su firma y las declaraciones en anticipo en Brasil”.
#CasoAcuerdosFraudulentosCorrupciónEImpunidad
La Fiscalía Especial contra la Impunidad informa: pic.twitter.com/mO7gEJqlqC— MP de Guatemala (@MPguatemala) January 16, 2023
El jefe de la Feci mencionó también, este hecho se concretó el 8 de septiembre de 2017, cuando la jueza Marta Claudeth Domínguez Guerrero aprobó los acuerdos de colaboración eficaz de los brasileños Luiz Antonio Mameri, Marcos de Cerqueira Lima Machado y Eduardo Oliveira Gedeón.
El 28 de noviembre de 2022, Feci informó que, a requerimiento de ellos, el Juzgado de Mayor Riesgo D dejó sin efecto, y por consiguiente sin valor jurídico alguno, la audiencia de primera declaración de Mameri y Lima Machado, la cual fue celebrada el 8 de septiembre de 2017 en el caso Odebrecht.
“Ante los hechos evidentes, en los cuales quedan de manifiesto actos ilegales y corruptos que causaron un grave detrimento al estado de Guatemala, la Fiscalía Especial contra la Impunidad categóricamente manifiesta que no escatimará esfuerzo alguno para que quienes resulten responsables rindan cuentas ante la justicia y paguen por sus actos con todo el peso de la ley”.
Iván Velásquez, quien dirigió la Cicig en Guatemala y quien fue declarado persona no grata por el entonces presidentes Jimmy Morales, actualmente es Ministro de Defensa Nacional de Colombia.
Caso Odebrecht y Guatemala
El caso Odebrecht es uno de los casos de corrupción más grande de las últimas décadas al alcanzar a presidentes, vicepresidentes y demás funcionarios de gobierno de al menos 12 países, entre ellos Guatemala.
Odebrecht es una empresa constructora de Brasil que se dedicó a emitir sobornos en toda Latinoamérica a cambio de ser beneficiada con contratos gubernamentales.
Los hechos quedaron expuestos por una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en la que, además, participaron agencias fiscales de al menos 10 países.
Para el caso de Guatemala, durante el Gobierno del extinto Partido Patriota (PP) el Congreso autorizó la construcción de una carretera de cuatro carriles entre Suchitepéquez y San Marcos.
En ese caso, el Gobierno destinó el pago de US$384 millones para el ambicioso proyecto de más de 100 kilómetros, pero las pesquisas por corrupción ocasionaron que se incumpliera con la obra que Guatemala ya había pagado.
Los hechos por enlistar actos de corrupción entre funcionarios y empresarios del más alto perfil se le designó a la Feci, cuya investigación permitió la captura de algunos abogados en enero de 2018.
Lima Machado expone en la videoconferencia que estaban interesados en invertir en Guatemala, por lo que hicieron una exploración en el 2010, pero antes de ello investigaron si el Estado de Brasil podía financiar algunos proyectos en este país. Cuando les dijeron que sí, viajaron a Guatemala durante el cuarto trimestre de ese año.
El colaborador eficaz señaló que empezó a tener cercanías con el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), pero fue con la gestión del Partido Patriota con la que se concretó el proyecto de la construcción de la Carretera CA2 Occidente.
Según el relato, durante el gobierno de la UNE el representante de Odebrecht se reunió con dos técnicos de la Dirección General de Caminos, quienes le entregaron el plan vial 2007-2017. Luego de estudiarlo se reunió con el entonces ministro de Comunicaciones, Guillermo Castillo, y el presidente Álvaro Colom, quien le ofreció el tramo carretero.
Gobierno del PP
Lima Machado expone que, en una fiesta de un amigo, en diciembre del 2011, conoció a Alejandro Sinibaldi, con quien platicó brevemente y le expuso que estaban interesados en invertir en Guatemala.
Después de un tiempo se concretó una reunión con Sinibaldi en el Ministerio de Comunicaciones.
Debido a que el proceso no avanzaba, Lima Machado cuenta que tuvo que reunirse con la vicepresidenta Roxana Baldetti, “quien me presentó a Arturo Batres Gil. Luego de varias semanas, Batres Gil me llama para decirme que ya no debería tratar más con Alejandro Sinibaldi, sino hacerlo por medio de la vicepresidenta de la República, por lo que le indiqué que no podía porque era tema del Ministerio de Comunicaciones”.
En septiembre del 2012, Sinibaldi le dijo al colaborador eficaz que era necesario agendar un dinero para él, ya que, de lo contrario, no podría avanzar el proyecto, pero Lima Machado respondió que tenía que hablarlo con su líder, Luiz Antonio Mameri.
En enero del 2013, Sinibaldi le solicitó a Mameri el pago de la comisión del 7.5 por ciento del total del contrato —unos US$9.9 millones— para gestionar los procesos y concretar el proyecto de la construcción de la Carretera CA2 Occidente; luego de un tiempo aceptó, según el relato grabado.
Otra de las referencias de Lima Machado señala que el fallecido exministro de Finanzas Públicas Pavel Centeno fue el encargado de elaborar los términos de referencia del préstamo para ejecutar el proyecto.
Para que el banco brasileño aprobara el crédito fue necesario que se presentara un contrato.
El colaborador eficaz contó que hicieron un borrador y, para su sorpresa, de un día a otro el Congreso aprobó el borrador que ellos propusieron al momento de hacer la negociación, sin hacerle modificaciones.
“En abril del 2013 se pagó la mitad del anticipo de la obra, US$38 millones 223 mil 490.17, y de ahí salieron los siete primeros desembolsos para funcionarios públicos”, afirma Lima Machado.
Según la investigación y lo confirmado por Lima Machado, Manuel Baldizón habría recibido US$1.2 millones de los US$3 que habían pactado.
Debido a que en la casa de Sinibaldi hubo una reunión con Baldizón y el ahora colaborador eficaz, ese día aquel le dijo que había que entregarle una cuota a este último.
Batres era secretario privado de Baldetti y es uno de los prófugos del caso por haber recibido US$4.9 millones en sobornos, según la pesquisa.
En noviembre de 2022, Luis Fernando Archila Lima, juez de Mayor Riesgo D, que dejó sin materia legal la audiencia desarrollada el 8 de septiembre de 2017 en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), bajo la dirección de Juan Francisco Sandoval y la fiscal Eva Siomara Sosa.
El Ministerio Público (MP) informó, a través de un comunicado, que, “en aras de garantizar el principio de inmediación, ha señalado audiencia de primera declaración de los sindicados Luiz Antonio Mameri y Marcos de Cerqueira Lima Machado para el 1 de febrero de 2023 a las 9 horas, bajo apercibimiento que los sindicados deberán comparecer personalmente a dicha audiencia”.
Cambios por la resolución
Lo dictaminado por el Juzgado de Mayor Riesgo D en esa oportunidad se podía cambiar el rumbo de un proceso, beneficiar a algunos e implicar a otras personas.
- Solicitar resarcimiento
Entre las modificaciones está la representación de la PGN, lo que le permitirá solicitar el resarcimiento por los daños ocasionados por los supuestos sobornos que la constructora Odebrecht habría entregado a funcionarios guatemaltecos.
Los ciudadanos brasileños Luiz Antonio Mameri y Marcos Cerqueira Lima Machado son señalados de haber propiciado el pago de sobornos a exfuncionarios como el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi y presuntamente a más de una decena de diputados de la legislatura 2012-2016.
- Sin material legal
Pierde validez jurídica la audiencia de primera declaración, así como los testimonios rendidos en anticipo de prueba, y revoca los beneficios otorgados a Mameri y Marcos Cerqueira Lima Machado, quienes revelaron sobornos que Odebrecht habría entregado a funcionarios guatemaltecos.
El actual titular de la Feci, Rafael Curruchiche explicó que la resolución permite “empezar de cero”.
“Nuestros requerimientos son apegados a la ley y, por lo tanto, nuestro actuar es lo correcto”, aseguró. Resaltó la importancia de tomar en cuenta a la PGN, ya que representará los intereses del Estado de Guatemala.
“Deben presentarse personalmente. Nada que por videoconferencia. Tienen que presentarse personalmente, pues, de lo contrario, la Fiscalía debe tomar una decisión”, insistió Curruchiche, quien afirmó que los ciudadanos brasileños ya fueron notificados por medio de sus mandatarios legales de la audiencia que tendrá lugar el 1 de febrero de 2023.
- Revocan declaración de extranjeros
Los exdirectivos de la constructora Odebrecht Luiz Antonio Mameri y Marcos Cerqueira Lima Machado, en su primera declaración, optaron por el criterio de oportunidad, que les permitió convertirse en colaboradores eficaces y enfrentar proceso penal por cohecho activo y al pago de una multa de Q500 mil.
Ahora pierde validez el testimonio de ambos, ofrecido en 2017, cuando señalaron directamente al exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi y al expresidenciable Manuel Baldizón de haber gestionado sobornos para otorgar un proyecto de carreteras en el país.
