Se trata de los ciudadanos brasileños Luiz Antonio Mameri y Marcos de Cerqueira Lima Machado, directivos de la empresa Odebrecht, quienes debido a la resolución de dicha sala deberán comparecer personalmente el 1 febrero de 2023 a resolver su situación jurídica en audiencia de primera declaración.
En un video difundido por el MP, Curruchiche asegura que los directivos de la empresa brasileña fueron beneficiadas por el exjefe la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez Gómez; la exfiscal general de la República y jefe del MP, Thelma Esperanza Aldana Hernández; el jefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval, el expresidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana, Juan Pablo Carrasco de Groote y la jueza Marta Claudette Domínguez Guerrero, mediante la aprobación de convenios de colaboración eficaz.
Curruchice explica en su video que “entre las múltiples ilegalidades y arbitrariedades que anulan todo lo actuado y que avalaron los exfuncionarios de la Cicig y la jueza se encuentra un mandato especial con representación otorgado por la constructora Norberto Odebrecht Sociedad Anónima de fecha 1 de septiembre de 2017”.
Explica que en punto segundo de dicho mandato se establece lo siguiente: “el presente mandato no faculta a los mandatarios a representar al mandante ante los tribunales de justicia de Guatemala y por lo tanto bajo ninguna circunstancia deberá ser considerado como un mandato judicial”.
Curruchiche afirma que este documento es el que utilizó la jueza para favorecer a los directivos de Odebrecht, “lo que pone al descubierto las acciones que ese confabularon para perjudicar al Estado de Guatemala”, señala el jefe de la Feci.
“La investigación se encuentra debidamente sustentada y documentada con medios de convicción contundentes y por ningún motivo constituye una persecución política y venganza como lo pretenden hacer ver algunas personas e incluso hasta organismos internacionales”, dice Curruchiche en relación a la investigación del caso Odebrecht.
Agrega que a la comunidad nacional e internacional les manifiesta de “forma categórica que la Fiscalía Especial contra la Impunidad investigará y procesará a todas aquellas personas, que no importando la condición o estatus que posea, pero que hayan cometido actos ilegales en Guatemala, deberán responder ante la justicia, por lo que envía un mensaje claro y contundente que en la Fiscalía Especial contra la Impunidad velamos por el estricto cumplimiento de la ley y no vamos a tolerar ningún acto fuera de ella”.
#CasoOdebrecht
La Fiscalía Especial contra la Impunidad informa: pic.twitter.com/vn4pUUxXLg— MP de Guatemala (@MPguatemala) January 23, 2023
Órdenes de captura
Las órdenes de captura son por los delitos de obstrucción de justicia, conspiración y abuso de autoridad.
Ese día Curruchiche emprendería acciones legales contra el excomisionado Iván Velásquez, -ahora ministro de Defensa de Colombia-, y la exfuncionaria de Cicig, Luz Adriana Camargo Garzón, para que “respondan por sus actos ilegales, arbitrarios y abusivos”, dijo ese día el jefe de la Feci.
Crisis diplomática
Ese mismo día, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, salió en defensa de Iván Velásquez y publicó en su cuenta de Twitter que jamás aceptaría una orden de captura contra su ministro, pues este demostró que luchó contra la corrupción y que no permitiría que esta lo persiga.
Además, llamó a consulta a su embajadora en Guatemala, Victoria González Ariza.
El 17 de enero, Petro habló con periodistas de su país en Suiza y dijo que si Guatemala insistía en apresar a hombres justos, Colombia nada tenía que hacer con ese país, lo que desató una crisis diplomática.
Petro mencionó que Velásquez fue contratado -en Cicig- “para destruir la impunidad que dominaba y domina la República de Guatemala” y que por eso ahora es perseguido por ese tipo de intereses que tocó.
Ese mismo día, y en respuesta a las acciones de Colombia, Guatemala llamó a consulta a su embajadora en aquel país, Reagan Vega, y en un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que lamentaba que “el Gobierno de Colombia vuelva político un tema de orden legal, tomando decisiones abruptas sin seguir los pasos diplomáticos correspondientes”.
“Guerrillero” y “traficante”
Ese 17 de enero, el presidente Alejandro Giammattei, quien se encontraba en un viaje en España, atendió una entrevista con la Agencia EFE, en donde se refirió al presidente colombiano como “guerrillero” y “traficante”, pero le pidió cordura para solucionar la crisis que desató el anuncio que el MP de Guatemala quería investigar a Iván Velásquez.
“Voy a dejar que el presidente Petro siga cometiendo el error de un guerrillero, pero que es poco político. No voy a caer en el juego. Las diferencias entre las naciones deben ser resueltas por la vía diplomática para evitar que los conflictos escalen después a lugares donde ya es difícil salir“, dijo Giammattei.
El 20 de enero Giammattei habló con W Radio de Colombia y reconoció que Iván Velásquez no podrá ser procesado, pero sí tiene que ser investigado.
