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La investigación del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) determinó que en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) existió una estructura criminal que se dedicó a hacer de la salud un negocio, por lo cual el caso es llamado de esa forma.
La medida sustitutiva en favor de Gustavo Alejos había sido determinada por el juzgado séptimo de Instancia Penal, y confirmada en su momento por la Sala Tercera de Apelaciones, quien argumentó que, al haberse presentado Alejos por su cuenta, no había peligro de fuga.
Sin embargo, el MP insistió en que su presentación fue “voluntaria” hasta después de que el señalado había sido declarado en rebeldía.
Alejos también había argumentado que su salud era inestable y corría alto riesgo en la cárcel, lo cual fue desmentido por la Fiscalía basada en los informes médicos.
Según la investigación, la organización criminal señalada en el caso utilizó diferentes mecanismos ilícitos, entre los cuales se destacan modificaciones irregulares de medicamentos básicos, pagos por inclusiones y exclusiones de la lista básica de medicinas, así como generación injustificada en el consumo de medicamentos.
Todo con el fin de promover la compra a los proveedores de la organización criminal, hasta el punto que el Seguro Social se abasteció de medicinas para 13 años, cuando la vigencia de ese producto era solo de dos.
