Los dos motivos que fueron expuestos en la audiencia por los litigantes son “un daño en la persona de mi representado en cuanto a su honor, al no poder ejercitar una defensa técnica de manera libre, se le ha restringido” argumentaron.
El segundo motivo es “al realizar aseveraciones emitiendo opiniones de las cuales no ha sido objeto de investigación mi patrocinado, o imputación alguna, que no tiene ningún fundamento” y agregaron que en la audiencia de primera declaración la juzgadora Silvia de León Santos “ha externado opinión dentro del caso, una opinión particular, pues ella ha conocido de este caso con otros procesados” aseguró Martínez
“Ella ha prejuzgado a mi patrocinado con un criterio que se mantiene totalmente parcializado, comprometido y viciado, teniendo como consecuencia que ha dañado la libertad y su nombre ante la sociedad” expusieron los defensores ante los magistrados de la Sala Segunda de Mayor Riesgo.
Por celeridad procesal los defensores no reprodujeron audios de algunas diligencias y que fueron presentado como medios de prueba; el abogado Juan Alberto Martínez explicó que la juzgadora Silvia de León le requirió información sobre “datos sobre una finca en Escuintla y un ganado español, sin base y fundamento”; además antes de resolver en la diligencia de primera declaración la jueza “realizó una serie de conjeturas emitiendo opinión sobre hechos de los cuales no se le imputaron a mi patrocinado en ningún momento por parte del Ministerio Público” dichas aseveraciones se dieron el 28 de enero de 2022, puntualizó el defensor.
La recusación fue presentada por los abogados del exfuncionario, el 16 de mayo de 2022, fecha en que se desarrollaría la audiencia en la que se resolvería si Benito Ruiz debe enfrentar juicio por el referido proceso penal, la cual quedó suspendida hasta que se resuelva el recurso legal que busca separar a la juzgadora.
Las pesquisas
El Ministerio Público afirma que los acusados defraudaron al Estado, por medio del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, en un evento de Licitación Pública, para la construcción de la carretera Libramiento de Chimaltenango, que benefició a la entidad Constructora Nacional, S.A., a través de Renova Ingenieros, S.A., como entidad oferente en el evento.
La Fiscalía sostiene que la misma carecía de la capacidad técnica, económica y financiera, y a pesar de eso, fue adjudicada por el monto de Q77 millones 798 mil 535 por la Junta de Licitación.
Revela datos
Antes de ingresar a la audiencia, el exministro de Comunicaciones, José Luis Benito Ruiz reveló algunos datos del caso que se encuentra en reserva por los Q 122 millones y aseguró que daba a conocer el nombre del propietario de la residencia donde fue localizado el efectivo pues “es la persona que la compró por medio de testaferrato y eso está probado en el expediente”.
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— Sara Solórzano (@ssolorzano_PL) September 13, 2022
“No tengo ninguna relación con dicha vivienda, ni con lo que allí se encontró” agregó que al vincularlo a él, con el hallazgo “lo que se buscaba en su momento es que yo me prestará que dicha institucionalidad del país se viera fraccionada” y por eso aseguró que está dispuesto a enfrentar a la justicia.
El hallazgo se realizó el 16 de octubre de 2020 y el conteo del efectivo lo realizaron en cuatro días consecutivos. Sobre los indicios que lo vinculan se desconocen derivado a que el proceso está en reserva judicial.
El control jurisdiccional de este caso lo tiene el Juzgado de Mayor Riesgo D, el cual está pendiente de que fije la fecha en que se desarrollará la audiencia de etapa intermedia, por este caso se acusa a Benito Ruiz, de lavado de dinero y otros activos.
