El proceso penal acusa a 30 personas, entre ellos el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicemandataria Roxana Baldetti, junto a ellos se encuentran los exsuperintendente de Administración Tributaria, Omar Franco y Carlos Enrique Muñoz; así como Anthony Segura Franco, exsecretario del sindicato de trabajadores de la Superintendencia de Administración Tributaria, entre otros.
Para este martes se tiene previsto que se retome el juicio y se expongan los medios probatorios que consisten en solicitudes, autorizaciones, prorrogas del MP, informes de hallazgos inevitables, audios, grabaciones, escuchas telefónicas, desplegados de mensajes de texto, desplegados telefónicos y sinopsis, del 29 de abril de 2014 al 15 de abril de 2015.
El control jurisdiccional de dicho proceso lo tiene el Tribunal B de Mayor Riesgo, presidido por Jeaneth Valdés, quien el pasado miércoles 17 de agosto apercibió a la Unidad de Métodos Especiales del Ministerio Público (MP) por no entregar completo un expediente de investigación, la juzgadora habría requerido la documentación el 12 de agosto de 2022 y se percató de que estaba incompleta, por lo que reprochó esa irregularidad en la audiencia. Personal del órgano jurisdiccional confirmó que el informe fue remitido.
También, serán analizados 625 pruebas documentales que forman parte de la carpeta judicial, las cuales consisten en correos electrónicos, informes financieros, estados de cuentas bancarias. Para el desarrollo del juicio se fijaron tres días de cada semana para que se lleven a cabo las audiencias y se estima que el mismo podría llegar a su etapa final en octubre de 2022.
Además, 1,516 Declaraciones Únicas Aduaneras (DUAS), que según la investigación fueron alteradas por la red, y otros 322 medios de prueba; con los cuales deberá demostrar la implicación y culpabilidad de 30 acusados.
Del avance del juicio
El debate oral y público comenzó el pasado 17 de enero de 2022, es decir seis años y nueve meses después de la primera aprehensión que fue el 16 de abril de 2015. Ante el jurado han sido expuestos análisis criminales, peritajes, testimonios, entre otros, a fin de fortalecer la acusación.
El 2 de agosto de 2022 testificó en favor de los acusados el agente aduanero, Raúl Palma quien aseguró que en ese entonces se estudiaba la calidad, veracidad y origen de los productos importados mediante los procedimientos establecidos en las leyes aduaneras del país.
El 20 de junio de 2022 en un lapso de cinco horas declaró el exsecretario privado de la Vicepresidencia, Juan Carlos Monzón, quien afirmó que dicha agrupación criminal pretendía traficar droga en las aduanas. No obstante, el cuestionamiento por parte del MP fue débil y no profundizó en el relato del colaborador eficaz.
El 25 de abril de 2022 un perito de MP, Héctor Medina expuso sobre los métodos de defraudación aduanera que detectaron con el funcionamiento de La Línea y la forma en que extrajo información de una computadora que fue decomisada en la Boutique Emilio, propiedad de Roberto Ramírez.
El exanalista de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Anibal Argüello expuso sobre algunas escuchas telefónicas que evidenciaron sobre los coordinadores financieros de La Línea y la coacción a trabajadores de la SAT en aduanas para que participaran en los negocios irregulares de la estructura.
Las investigaciones
Las pesquisas dan cuenta de la existencia de una red ilícita el 8 de mayo de 2014, la cual fue desarticulada el 16 de abril de 2015, dicha organización habría operado en las aduanas Puerto Quetzal, Central y Santo Tomás de Castilla.
La carpeta judicial está integrada por más de 30 mil folios, los cuales revelan que en estas oficinas fronterizas existían personas particulares que negociaban con importadores de mercadería para otorgarles el permiso de ingresar sus contenedores al país sin pasar por los controles normales y evadir impuestos, a cambio del pago de una cuota ilegal que le denominaron “cola”. Los precios estaban establecidos en un tarifario elaborador por la red.
Modo de operar
Los importadores o sus tramitadores debían comunicarse a un número de teléfono que les proporcionaban los integrantes de La Línea, vía telefónica negociaban el ajuste al impuesto que debían declarar en el formulario de mercancía.
Los miembros externos de la estructura eran los encargados de administrar el teléfono y los trabajadores, miembros de la estructura interna, se encargaban de los trámites en las aduanas, la red ilegal operaba desde el 8 de mayo de 2014, la cual fue desarticulada el 16 de abril de 2015.
Estos grupos eran controlados por Juan Carlos Monzón, a quien se identifica como el jefe o líder operativo de todo el grupo. Después de él se encontraba Salvador González y luego el resto de implicados.
