Este lunes 17 de octubre, la fiscal de Feci, Leslie Rosales, empezó a exponer al Tribunal de Mayor Riesgo B cómo los acusados actuaron dentro de la organización criminal.
Según la acusación, uno de los episodios que se desarrollaron durante el gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti fueron los movimientos antojadizos que se registraron en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) con la finalidad de facilitar el funcionamiento de La Línea.
La destitución de Carlos Muñoz al frente de la SAT, según la Feci, se dio debido a que Baldetti pidió que Omar Franco dirigiera la institución.
En la audiencia Rosales dijo: “se probó en esta sala de audiencias con las interceptaciones telefónicas, esa forma en que se manejaron los miembros de la organización, de estas acciones que usaron para la destitución de Carlos Muñoz”.
La fiscal detalló que Antony Segura Franco, quien era secretario del sindicato de la SAT, el que señaló a Muñoz de carencias en su administración, pero “no era una preocupación legítima”, sino tenía el interés de cumplir un plan fraguado por la estructura externa de La Línea de separarlo del cargo.
Esos hechos detallados en el Tribunal implican a Segura Franco y reafirma la tesis de la Feci en cuando al funcionamiento de los integrantes externos de la estructura.
La fiscal también detalló este lunes el actuar de la exintendente de Aduanas, Claudia Méndez Ascencio, de quien aseguró que obtuvo información de investigaciones que hacía la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en 2015 en el área de aduanas.
“Claudia Méndez Ascencio obtuvo información privilegiada de una investigación que se realizaba en los recintos aduaneros, de esta información a la que tuvo acceso reveló a miembros de la organización como manifestó este órgano de prueba Salvador Estuardo González Alvarez y Juan Carlos Monzón Rojas, y en precaución a esa investigación decidió recibirlos en el sótano de la SAT”, explicó la Rosales.
Las conclusiones continúan este martes, mientras que los abogados defensores se preparan para argumentar ante el Tribunal.
El caso La Línea surgió de una denuncia sobre una red de defraudación aduanera que, presuntamente, era dirigida el binomio presidencial de Pérez Molina y Baldetti. Las primeras capturas en ese caso ocurrieron el 16 de abril de 2015, año en el que también se revelaron varios procesos judiciales por presunta corrupción.
La mayoría de esos expedientes señalaba la participación de funcionarios, y el primer proceso de esa era fue el Caso La Línea.
La investigación del MP y de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), alertaba de una red de defraudación en las aduanas, que fue operada por altos funcionarios.
