La investigación del Ministerio Público (MP), en conjunto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), alertaban de una red de defraudación en las aduanas, que estaba siendo operada por altos funcionarios.
Los primeros allanamientos contra la presunta red criminal dejaron más de una docena de capturas. Las órdenes de aprehensión fueron emitidas por la jueza octava penal de aquel momento, Marta Sierra de Stalling.
Según la investigación preliminar, el presunto líder de esta red criminal era Juan Carlos Monzón, secretario privado de la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti.
La audiencia de primera declaración apuntaba a que había indicios serios contra los detenidos, pues la fiscalía a cargo del proceso respaldó sus señalamientos con una serie de interceptaciones telefónicas.
Esas llamadas, además de exponer la forma en que se concretaban los acuerdos ilícitos para el paso de mercadería, también alertaba del rumbo que tomaría esta investigación semanas después.
“El uno” y “la erre”
Aunque los medios de investigación presentados por la fiscalía parecían ser sólidos, la jueza Stalling consideró prudente brindar medida sustitutiva a algunos de los señalados del caso La Línea.
Entre el grupo de personas que obtuvo arresto domiciliar destacó Salvador Estuardo González, alias Eco y Francisco Javier Ortiz Arreaga, alias el teniente Jerez.
Ambos eran señalados como mandos medios de la red y esa decisión judicial fue objeto de una segunda investigación conocida como caso Bufete de la Impunidad.
A consideración de los investigadores, había varios indicios que demostraban que las personas señaladas tenían poder y cercanía con personas poderosas de Guatemala, sin dar mayores detalles en esa etapa de la investigación.
Pero una serie de llamadas alertaba sobre la posible relación que tenía el binomio presidencial con la red criminal, ya que en una seria de interceptaciones se hacía alusión a “el uno”.
Ese sobrenombre que apuntaba sutilmente hacia el presidente Otto Pérez Molina fue acompañado de otros “apodos” que usaban los miembros de la red para supuestamente referirse a él, como “el dueño de la finca”.
Roxana Baldetti también era mencionada de manera sutil en las llamadas telefónicas, en más de una ocasión de mencionaba a “la erre”, según el ente investigador. Por la inmunidad que tenía Pérez Molina y Baldetti, la fiscalía no se atrevía a hacer públicas sus sospechas.
Pero a medida que las investigaciones siguieron su curso fue cuestión de tiempo para que se presentaran las solicitudes de antejuicio contra el binomio, que fueron acompañadas con protestas ciudadanas.
Pedían justicia
El 2015 pasará a ser recordado como un capitulo histórico para Guatemala. El escándalo que despertó el caso La Línea motivó manifestaciones pacíficas a las que se sumaron incluso varias empresas del sector privado.
La primera baja del binomio fue Baldetti, la primera mujer en llegar a la vicepresidencia de Guatemala, ya que se vio obligada a presentar su renuncia por los señalamientos de corrupción en su contra.
Su dimisión fue conocida por el Pleno del Congreso en una sesión de urgencia convocada el sábado 9 de mayo del 2015. La Plaza de la Constitución y los alrededores del Congreso estaban abarrotados de personas que exigían justicia.
A tan solo horas de perder el cargo, un juzgado emitió un arraigo contra Baldetti, para evitar que saliera del país. El 21 de agosto Roxana Baldetti fue detenida.
El segundo en caer fue Pérez Molina, y luego los señalamientos públicos contra su vicepresidenta, el Ministerio Público presentó una solicitud de antejuicio contra el presidente bajo señalamientos de corrupción.
Justamente el 2 de septiembre Pérez Molina presenta su renuncia a la Presidencia y decidió entregarse ante el juez Miguel Ángel Gálvez, el segundo juez en conocer el caso La Línea.
La dimisión de Pérez Molina trascendió en horas de la madrugada y centenares de ciudadanos salieron a las calles. Sus pedidos de justicia semana tras semana en la Plaza de la Constitución, parecían estar dando resultados.
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El juicio
El proceso judicial del caso La Línea se ha ido dilatando por apelaciones, amparos, recusaciones y otros recursos legales que han presentado los abogados de los acusados.
Fue hasta el 17 de enero del 2022 que comenzó el debate oral y público contra la red presuntamente liderada por Pérez Molina y Baldetti. El MP ha respaldado sus acusaciones con medios de pruebas, entre los que destacan interceptaciones telefónicas y peritajes.
El juicio está a cargo del Tribunal de Mayor Riesgo B, en donde fiscales buscarán convencer a los jueces de una sentencia condenatoria, mientras que los abogados buscarán desvanecer esos cargos.
Dicho caso es apenas uno de los procesos contra el exbinomio presidencial, ya que el presunto abuso de poder les hace figurar en otros procesos penales.
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