¿Cómo operaba?
De acuerdo con las pesquisas al momento en que algún importador quería pagar menos impuestos, tenía que llamar a un teléfono (La Línea) para empezar la negociación ilícita.
La estructura tenía todo un adamiaje de control en cargos claves de la SAT, desde mandos altos y medios hasta vistas de aduanas, los cuales tenían roles bien definidos para operar y defraudar al Estado en la salida de mercadería del recinto aduanal, previo pago de los dueños de los contenedores.
Durante la investigación, de mayo a 2014 a febrero de 2015, pasaron al menos 500 contenedores, lo que indica un elevado poder de ingresos para la citada banda criminal.
La Línea se organizó para obtener ganancias ilícitas al controlar las aduanas de Puerto Quetzal, Santo Tomás y la Aduana Central.
Investigación
Para desarticular la estructura se interceptaron más de 66 mil llamadas telefónicas, más de seis mil comunicaciones electrónicas y se necesitaron más de cuatro meses de análisis e interpretación de la información recolectada, así como el cotejo y análisis de documentación por parte de expertos financieros.
La estructura tenía relación con una vieja agrupación dedicada al contrabando aduanero y al robo de camiones, la denominada Red Moreno que operó en la década de 1990, a través de alias Teniente Jerez, lugarteniente del llamado capo del contrabando.
La Red Moreno la integraban militares de alto rango, como generales y coroneles, la Policía Nacional, fiscales del MP, abogados y otros profesionales y fue desarticulada en 1996.
En la caso de La Línea, la conformaban más de 60 colaboradores en un sistema paralelo a la SAT, que tenía incluso las funciones del control aduanero como autoridad competente al fijar por medio de una tabla de valores el pago de impuestos de un contenedor. Los cobros variaban según las mercancías, e iban de Q20 mil a Q100 mil.
Las investigaciones también fueron sustentadas con el testimonio de sindicados que se convirtieron en colaboradores eficaces. Salvador González, alias Eco fue el primer colaborador eficaz el 9 marzo de 2016. Actualmente se encuentra libre al cumplir con el acuerdo llegado por sus declaraciones anticipadas.
Luego Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de Baldetti se entregó a la justicia en octubre de 2016 después de pasar 172 días prófugo desde que se diera a conocer la estructura criminal. Monzón también colaboró con el MP.
Otros sindicados se vincularon a esta figura como Jorge Alfredo Guillén Sagastume, trabajador de Aduanas y Victor Hugo Hernández, contador de Monzón Rojas.
Consecuencias políticas
Conforme se realizaban las pesquisas, trascendió el nombre de Roxana Baldetti, vicepresidenta en ese entonces, dentro de las escuchas telefónicas, esta situación motivó la solicitud de retirarle el antejuicio para que fuera procesada por las sospechas. La Corte Suprema de Justicia decidió retirarle la inmunidad.
La indignación popular ante la corrupción dio lugar al resurgir de la protesta ciudadana que comenzó el 25 de abril de ese año y que se manifestara durante varias semanas hasta lograr un paro nacional.
El 8 de mayo, Baldetti presenta su renuncia al presidente Otto Pérez Molina. El mandatario hace pública la renuncia de la vicepresidenta quien manifestó que se ponía a disposición a colaborar con las investigaciones.
Semanas después, el 21 de agosto, el MP y la Cicig daban a conocer avances en la investigación de La Línea, situando a Pérez Molina y Baldetti como cabecillas de la estructura, en las escuchas telefónicas eran identificados como El 1 y la 2.
La indignación en contra del gobierno del partido Patriota aumentaba, las investigaciones avanzaban y derivó en la renuncia de Pérez Molina el 2 de septiembre de 2015. https://www.youtube.com/watch?v=G3yrE8g0ZjY
Baldetti como Pérez fueron ligados a proceso junto a 26 personas más que actualmente enfrentan juicio por La Línea.
La investigación de esta estructura derivó el descubrimiento de otros casos de corrupción del gobierno del PP, conocidos como TCQ, Agua Mágica, la Cooperacha, Cooptación del Estado y Tráfico de Influencias.
