El abogado expuso que el MP no intervino el teléfono de sus patrocinados y por tanto la evidencia en contra de ellos se recopiló de conversaciones entre Otto Molina Stalling, exasesor del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS),y Herbert García-Granados, otros sindicados.
“Ellos estuvieron en desventaja en todo el proceso, porque a diferencia de los otros sindicados, en contra de ellos solo están
las pocas llamadas interceptadas que ellos hicieron a otros sindicados, y no podemos escuchar todas las conversaciones”, dijo.
Sobre el delito de asociación ilícita, por el cual la fiscalía pidió una sentencia de siete años para Lorenzana, la defensa argumentó que no existía prueba alguna de ese extremo. “Con quienes el fiscal dice que mi patrocinado tenía una asociación, se conocieron en la carceleta de tribunales el día de su captura” dijo, y añadió: “es imposible que en una estructura tan pequeña no se conocieran”.
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En el caso de Edgar De la Peña, a quien el MP solicitó una condena de ocho años por cohecho activo, el defensor se refirió a una sesión de interceptación telefónica analizada por la Cicig.“La fiscalía no pudo seguir sosteniendo que existió un pago de coimas”, señaló.
De la Peña y Lorenzana se opusieron al pago de comisiones ilegales solicitadas por personeros del IGSS, aseguró la defensa. Prueba de ello, según Pineda, es una conversación entre Molina Stalling y García-Granados, en dónde los sindicados manifiestan estar preocupados porque sus patrocinados no eran de fiar.
Además, la defensa criticó que el MP no haya podido establecer el destino final de los supuestos recursos que fueron pagados a la Junta Directiva del IGSS, encabezada por Juan de Dios Rodríguez. “El fiscal señala que mis patrocinados son los corruptores, pero ¿dónde está el corrupto?, eso no lo logra establecer la investigación en ningún momento”, comentó.
De acuerdo con la investigación del MP y la CICIG, un grupo de empleados de la institución, incluyendo a exintegrantes de la Junta Directiva encabezada por Juan de Dios Rodríguez, acordaron favorecer a la Droguería Pisa con un contrato de servicios de diálisis para enfermos renales a cambio de sobornos.
De acuerdo con la acusación, Édgar de la Peña, exgerente de ventas de la Droguería Pisa, y Ramiro Lorenzana, exdirector de la Droguería Pisa, habrían sido los que pactaron dichas comisiones ilegales.
Varios pacientes murieron después del cambio de proveedor, debido al precario servicio que ofreció Pisa, que no contaba con experiencia en la administración de este tipo de tratamiento ni instalaciones propias para ofrecer la terapia.
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