Exfuncionarios y personas particulares fueron sentenciadas por sustraer el dinero de los trabajadores, pero hay varios involucrados cuya participación continúa sin esclarecerse en los tribunales, en un proceso penal que es conocido como el caso Fénix.
En la última década, el Ministerio Público (MP) ha revelado al menos cinco casos de fraude, corrupción y lavado de dinero en las arcas del IGSS, una institución que se sostiene con los aportes de los trabajadores y cuyo fin es la protección social.
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El camino para que los responsables de utilizar de forma indebida los recursos públicos sean juzgados parece ser tortuoso, al menos de momento.
Inicio de la historia
Entre las cuentas pendientes de la justicia figura el caso Fénix, un expediente que detalla cómo el empresario Gustavo el Gato Herrera y exfuncionarios del IGSS se organizaron, durante el gobierno del Frente Republicano Guatemalteco, para sustraer al menos Q350 millones y luego lavar el dinero utilizando la banca nacional.
Este caso se dio a conocer en abril de 2019 y 52 personas individuales y jurídicas fueron imputadas por el Ministerio Público. Sin embargo, el miércoles pasado una resolución de la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo ordenó que se anulara el proceso y los sindicados podrían quedar libres de cargos.
Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), que tiene a cargo la acusación, fue rotundo al calificar el fallo.
“La resolución es infame por dos aspectos importantes. En primer lugar, se trata de recursos que pertenecen a los trabajadores de Guatemala, al sector laboral, son fondos del Seguro Social que fueron sustraídos en el 2003. Y además abona a la impunidad”, subrayó el jefe de la Feci.
Lavado de dinero
Hasta ahora, los delitos que la Feci expone en el caso Fénix habían sido juzgados de forma parcial.
En 2004 los tribunales condenaron al exgerente del IGSS, César Augusto Sandoval Morales, y al diputado del FRG, Carlos Rodolfo Wohlers, junto con otras personas particulares, por los delitos de peculado, concusión, fraude y abuso de autoridad.
Las pesquisas estuvieron a cargo de la Fiscalía Anticorrupción. Se refiere a un fideicomiso denominado Fidopreso, al cual se adhirió el IGSS con el Grupo Empresarial Uniserv, S. A. y Banco Uno S. A. El objeto era desarrollar proyectos inmobiliarios para venderlos a los afiliados.
El IGSS aportó Q350 millones provenientes de los programas de asistencia social Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS) y Enfermedad, Maternidad y Accidentes (EMA), mientras que Uniserv y Banco Uno solo aportaron Q200 mil.
En 2004 se determinó que la sustracción de estos fondos fue ilegal, pero ahora la Feci busca demostrar cómo el dinero del fideicomiso fue utilizado para fines particulares y luego incorporado a la economía nacional para darle una apariencia de legalidad. En otras palabras, lavar el dinero y hacer desaparecer el origen de los fondos.
Empresas de Herrera
Las investigaciones del caso Fénix detallan que entre noviembre del 2002 y enero del 2003 el comité técnico de Fidopreso acordó, por unanimidad, comprar cinco inmuebles a las entidades Helensburg Inc. y Escabel Management, dos empresas fuera de plaza que fueron creadas entre junio y julio de 2002 en la isla Niue, una porción de tierra de 262 kilómetros cuadrados en el Océano Pacífico. Posteriormente fueron adquiridas por Irma Johanna Pino Cifuentes, una de las secretarias de las empresas de Gustavo Herrera.
El monto que se pagó por los cinco inmuebles fue de Q232 millones 773 mil 191. Sin embargo, dos días antes de concretar el negocio, las dos entidades fuera de plaza habían comprado las mismas propiedades por un monto de Q200 mil 845.
Es decir, el comité técnico de Fidopreso compró los inmuebles a un sobreprecio de 1,158 veces más de su valor real, señala la Feci.
El dinero de la compraventa se reconcentró en otras empresas también fuera de plaza y sociedades anónimas ligadas a Gustavo Herrera. La principal de estas fue Jekill Properties.
Actualmente, Herrera reside en Nicaragua con estatus de refugiado político, indicó la Fiscalía.
El caso estaba en el Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de la jueza Erika Aifán. Sin embargo, el fallo de la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo, integrada por los magistrados Aníbal Najarro López, Noé Moya García y Gloria Dalila Súchite Barrios, le dio un respiro a los sindicados al anular el proceso.
La Feci manifestó que presentará un recurso ante la Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia para revertir el dictamen, pero el resultado es incierto.
“Una resolución de esta naturaleza —la que anuló el caso— contribuye a la impunidad. En su momento fueron juzgados algunos servidores públicos por la sustracción de los recursos, pero los principales beneficiarios, quienes participaron para satisfacer sus intereses perversos, no habían sido juzgados”, lamentó Sandoval.
