La jueza Recinos, quien fue electa por el Congreso como magistrada de sala de Apelaciones, suspendió la persecución penal por lavado de dinero y por cohecho pasivo, donde la juzgadora no logró determinar que los señalados recibieron sobornos como lo sugirió la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público.
Los hechos narrados en este expediente, como el de “la coperacha” en el que habría habido una recopilación de obsequios para el cumpleaños de Pérez Molina, no quedaron sustentados para la juzgadora, quien reprochó que no se cuentan con indicios que sugieran que sí ocurrió la entrega de lanchas, motos, fincas y un automóvil jaguar al exmandatario, como lo narraron algunos testigos, entre ellos el colaborador eficaz Juan Carlos Monzón.
Entre los exministros que fueron beneficiados con el cierre del proceso por lavado de dinero y cohecho pasivo están Mauricio López Bonilla (Gobernación), Noé Ulises Anzueto (Defensa), Alejandro Sinibaldi (Comunicaciones), Dwight Pezzarossi (Cultura) y Carlos Batzín (Cultura).
Además, se libraron del proceso Rudy Gallardo, exdirector del registro Nacional de las Personas (Renap), Juan de Dios Rodríguez, expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), y Emilia Ayuso, exdirectora del Registro de Información Catastral (RIC).
La jueza envió a juicio a Alex Girón por cohecho pasivo, Denis Leonardo Lam por cohecho Activo, Julio Roberto Sandoval Cano por fraude, y Raul Castillo Castillo por tráfico de influencias.
Recinos ordenó la libertar de López Bonilla y ordenó certificar lo conducente contra del exjefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval, y la agente fiscal Lesly Marleny Rosales Max porque los argumentos que presentaron para la acusación “carecen de fundamentos jurídicos y fácticos que evidencia el actuar de los acusados”.
Puntos clave del caso Cooptación del Estado
- El 16 de abril del 2015, el MP y la Cicig presentaron los primeros resultados de la investigación del caso La Línea. Entonces se pensaba que se hacía frente a una estructura de corrupción que había tomado control de las aduanas para generarse beneficios económicos, pero producto de documentos, escuchas telefónicas y declaraciones de diversas personas se detectó que se trataba de una organización criminal que llegaba hasta los entonces presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti.
- Se encontró un inmenso esquema financiero, aparentemente inconexo, que incluía nombres, empresas, cheques, bienes, movimientos financieros etc., el cual reportaba operaciones incluso desde el año 2008, 4 años antes que el Partido Patriota asumiera el poder.
- EL 15 de abril de 2016 se da a conocer que los exgobernantes y por lo menos 15 personas más habrían participado en la firma de un contrato irregular -a cambio de sobornos pactados en US$30 millones-, entre la Terminal de Contenedores Quetzal, S.A. (TCQ) y la Empresa Portuaria Quetzal. Esta investigación es llamada “Caso TCQ”.
- El 2 de junio de 2016, el MP y la Cicig develaron un complejo esquema que detallaba toda una maquinaria de lavado de activos, diseñada para captar fondos durante la campaña electoral del Partido Patriota del 2011 que llevó a la Presidencia de la República a Pérez Molina y a Baldetti. El caso es llamado “Cooptación del Estado”.
- Ese día son capturadas 25 personas, entre empresarios, banqueros, testaferros y exfuncionarios. También se emiten varias órdenes de captura internacional.
- El 11 de junio de 2016 se anuncia la existencia de una nueva fase de la investigación del caso Cooptación, y en la cual se captura a los exministros Mauricio López Bonilla (Gobernación), Manuel López Ambrosio y Ulises Anzueto (Defensa).
- También se ordena la captura de los exministros Alejandro Sinibaldi (Comunicaciones) y Erick Archila Dehesa (Energía y Minas). Además, se vincula a Pérez Molina, Baldetti y el exgerente del IGSS, Juan de Dios Rodríguez (ya capturados). A los exministros se les señala de hacer “Cooperacha” para dar lujosos regalos a los mandatarios y así mantener sus puestos y la facilidad de disponer, sin controles, los recursos de sus ministerios.
- El 13 de junio de 2016 se inicia la audiencia de primera declaración de 57 personas implicadas en el caso Cooptación del Estado, a cargo del entonces juez Miguel Ángel Gálvez.
- Durante la audiencia, el MP y la Cicig afirman que la maquinaria del PP realizaba una actividad, típica de redes político-económicas ilícitas, que se habría diseñado durante la campaña del Partido Patriota, justo después de perder las elecciones del 2007 y seguía funcionando durante el ejercicio de gobierno (2012-2015).
- Según el MP y la Cicig, a través de empresas y testaferros, Pérez Molina, Baldetti y varios de sus colaboradores recibieron beneficios de todo tipo: desde el pago de servicios públicos, arrendamientos, gastos de tarjetas de crédito, compra de pasajes, ropa, joyas, enseres, electrodomésticos, muebles para residencias y oficinas, hasta la compra de aviones, helicópteros, vehículos, motocicletas, lanchas, terrenos, casas, fincas, bodegas, oficinas y villas, así como los gastos de remodelación, decoración y mantenimientos de los mismos.
- Durante las audiencias, los abogados defensores y los señalados se enfocan en atacar y desvirtuar el testimonio de Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la vicepresidenta Baldetti, y quien contó a l MP cómo funcionaba la estructura de empresas, financistas y lavadores.
- El 21 de julio de 2016 el exjuez Gálvez empieza la exposición de motivos y deducciones sobre los indicios racionales para sustentar su resolución. Afirma que no tomará en cuenta el testimonio de Monzón y que solo se sustenta en pruebas documentales encontradas en computadoras y archivos de diversas personas.
- El 27 de julio de 2016, luego de una larga exposición, el exjuez Gálvez ligó a proceso a 53 de los 57 señalados por el caso (cuatro de los señalados quedaron libres de la acusación). Los delitos son: cohecho pasivo, cohecho activo, lavado de dinero, asociación ilícita y financiamiento electoral ilícito. Algunos solo quedaron ligados por uno o dos de los ilícitos.
