“Se pidió la reserva del caso y el juez lo autorizó”, mencionó en rueda de prensa Melvin Medina, jefe de la Fiscalía contra Delitos Administrativos, acompañado de un auxiliar al salir del juzgado, luego de haber expuesto el avance de las pesquisas.
Medina acudió a la judicatura que dirige Cruz a la 8:30 horas. La audiencia fue en privado y solo se supo que el jefe de la Fiscalía de Delitos Administrativos pidió que Aldana fuera citada.
Tres horas después, Medina salió y en breves declaraciones informó que el caso había sido declarado en reserva total para avanzar en las pesquisas.
“El tiempo en que se llevó la audiencia fue utilizado para presentarle el caso al juez. Se habló de dos personas, ustedes ya saben quiénes, son pero no puedo dar más detalles por la reserva”, agregó el fiscal Medina sin especificar qué tipo de delito se encuadra el hecho.
El caso
La investigación que tiene Medina es por la contratación, supuestamente irregular, de Gustavo Bonilla, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Penales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), como capacitador en el MP sin que llegara a trabajar y por el que habría cobrado Q20 mil.
Medina ya había adelantado la semana pasada que habían requerido informes al mismo MP sobre los servicios que prestó Bonilla.
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“Ya tenemos el contrato y ahora tenemos que verificar con la Superintendencia de Administración Tributaria ciertas declaraciones para ver si estaba dentro del régimen correcto de contribuyente a la misma institución. Por ahí vamos”, dijo Medina la semana pasada al ser consultado.
Judicatura fue designada por sorteo
El 8 de marzo pasado el fiscal Medina solicitó que fuera designado una judicatura para controlar la investigación penal. Por sorteo fue designado el Juzgado Décimo Penal.
Otras denuncias
El año pasado, la Contraloría General de Cuentas (CCG) denunció la existencia de una plaza anómala adjudicada a José Carlos Marroquín, quien cobró Q1 millón. El señalamiento contra Aldana es por fraude, peculado por sustracción y abuso de autoridad.
El argumento de los auditores es que Marroquín está asilado en Estados Unidos, por lo que no podría haber hecho la consultoría que estaba en el contrato sin presentarse al Ministerio Público. Incluso él nunca se presentó al ente investigador a firmar el contrato, sino que un abogado lo representó.
La denuncia contra la exjefa del MP también incluye a Marroquín y a Rottman Pérez, exsecretario de Política Criminal del MP en tiempos de Aldana y ahora es uno de los colaboradores de sus aspiraciones políticas.
El edificio de la zona 5
Otro señalamiento contra Aldana son supuestas anomalías que señalan diputados oficialistas por la compra de un edificio por Q35 millones en octubre de 2017, durante la gestión de la exjefa del MP.
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