El procedimiento ocurre por considerar que posiblemente autorizó diligencias de investigación “ilegales” contra magistrados señalados en el caso “Comisiones Paralelas 2020”.
El 8 de junio pasado el presidente del Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial (IMCAOJ), Wilber Estuardo Castellanos, ante el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, solicitó investigar a la jueza Ericka Aifán, al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval; y a Helen Mack, directora de la Fundación Myrna Mack.
Castellanos en esa ocasión expuso que los denunciados conformaron “una estructura que de forma coordinada y sistemática buscaba influir indebidamente en la elección de magistrados que le corresponde legalmente al Congreso de la República”.
A causa de la denuncia en el caso de la jueza Aifán se comenzó el proceso de solicitud del retiro del derecho de antejuicio con el que goza.
Investigaciones
Los procedimientos de investigación autorizados por la jueza Aifán a la Feci fueron para efectuar pesquisas en contra del exsecretario privado de la presidencia Gustavo Alejos, quien permanecía con medidas en un hospital privado de la zona 2 por el caso de poder, corrupción y lavado, pero los investigadores del Ministerio Público (MP) descubrieron que evadía las restricciones de prisión preventiva para reunirse con políticos, diputados y otros funcionarios.
La evasión de Alejos del sanatorio privado causó el comienzo del caso Comisiones Paralelas 2020 la FECI reveló una red de negociaciones en la que estaría vinculado Gustavo Alejos Cámbara, políticos y operadores de justicia.
Los hallazgos inevitables de la FECI en la investigación fue el encontrar listados de candidatos a las magistraturas en la sala que usaba Alejos para las reuniones y comunicaciones que quedaron registradas en sus teléfonos celulares.
Esta investigación puso en jaque las elecciones a las cortes por supuestos pactos que habrían propiciado impunidad.
Una de las argumentaciones de la denuncia contra Aifán del IMCAOJ es que se autorizaron investigaciones al MP que han violentado el derecho de defensa a los jueces y magistrados, además; no se les ha citado ni escuchado en audiencias judiciales y se violenta el derecho de antejuicio.
José Echeverría del Movimiento Cívico Nacional expuso que el retiro de el haber solicitado el retiro de inmunidad a la jueza es para “aclarar que es sano que se revise la actuación de un juez para determinar si sus actuaciones han estado de acuerdo a la Ley”.
Echeverría indicó que la solicitud del retiro del derecho de antejuicio en contra de Aifán “no significa la separación del cargo sino determinar si hay acciones ilícitas o no”.
La Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad señala que la denuncia y solicitud del retiro de antejuicio de Aifán son “acciones represivas” porque consideran que las resoluciones dictadas por la jueza son “en el ejercicio de sus función jurisdiccional”.
Además, la AGJI pide al Organismo Judicial que “actúe de manera imparcial, apegado a los estándares internacionales, que en materia de Derechos Humanos protegen la independencia del juez”.
Nombran magistrada para pesquisas
Beila Estrada de Brito, magistrada de la Sala Tercera del Ramo Penal, efectuará las pesquisas de la solicitud del retiro del derecho de antejuicio de la jueza Aifán.
La magistrada deberá decidir si conoce o no la solicitud del retiro del derecho de antejuicio de Aifán, ambas han tenido desavenencias en el caso Migración en el que se procesó a Igor Bitkov.
Luego del análisis Estrada de Brito haría una recomendación de retirar o no la inmunidad a Aifán.
Aunque la magistrada puede inhibirse o no de conocer el trámite del derecho de antejuicio.
