Ligados a proceso penal
- Amando Randeli: cohecho activo
- Oswaldo Pop: cohecho activo
- Norberto Ortega: cohecho activo
- Dora Alicia Pineda Carias: peculado por sustracción
- Héctor Mauricio López Bonilla: asociación ilícita
- Luis Alberto González Pérez: asociación ilícita y tráfico de influencia.
- Luis Alberto Lima Oliva: fraude
- Luisa María Sala Bedoya: fraude, peculado por sustracción e incumplimiento de deberes.
- Marco Antonio Rossell Orozco: lavado de dinero
- Moisés Eduardo Galindo Ruiz: lavado de dinero
- Militza Lorena Viera Juárez: peculado por sustracción
- Patricia Orozco Maldonado: peculado
- Zorayda Henricx, fraude y peculado por sustracción
Falta de mérito
- Ana María Ruiz
- Manfredo Cecilio Juárez
- Leonel Francisco Boror Gatica
Antecedente
Una investigación revelada el 5 de octubre por la Cicig y el MP, señalaron al alcalde capitalino Álvaro Arzú de haber recibido bienes y servicios para su campaña política por parte del fallecido Byron Lima, que eran pagados con fondos municipales.
La cooperativa Torre Fuerte, propiedad del excapitán del Ejército Byron Lima, prestó servicios entre 2013 y 2015 para la campaña política del Partido Unionista, por el que se postuló Arzú y ganó la reelección.
La investigación del Ministerio Público (MP) y la Cicig detalló que Alejandra Reyes, pareja de Byron Lima, conseguía facturas en blanco que eran entregadas a la Municipalidad de Guatemala, para recibir los pagos, las cuales se llenaban por pagos de otros servicios que no tenían relación con la propaganda del Partido Unionista.
Esos gastos supuestamente fueron pagados con dinero de la Municipalidad de Guatemala, perteneciente al fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana.
Corrupción en las cárceles
Luis Lima, hermano del militar, Byron Lima; los abogados, Moisés Galindo, Marco Antonio Rosell Orozco y el exdirector de Sistema Penitenciario (SP), Luis Alberto González Pérez, fueron detenidos y sindicados de beneficiarse por una red de corrupción en Presidios.
Byron Lima habría financiado parte de la campaña del Partido Patriota en 2011, a cambio de los nombramientos de autoridades clave dentro del Sistema Penitenciario, quienes le habrían facilitado el ingreso de ilícitos y el cobro por traslado de reos a diferentes prisiones.
Los abogados habrían sido testigos de los cobros que Lima hacía, los cuales muchas veces fueron a través de bienes, incluyendo vehículos de lujo.
Están sindicados por fraude, peculado, asociación ilícita, tráfico de influencias, cohecho pasivo, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
