En este mismo sentido, para Wiliam Estuardo Salguero Tobar, excuñado del reo Byron Lima Oliva, se solicitaron condenas por asociación ilícita, 6 años; tráfico de influencias, 2 años; y lavado de dinero, 8 años. Haciendo un total de 16 años de cárcel.
Se pidieron penas de seis y ocho años respectivamente para Martín Arévalo Godoy y Christian René Picón Cifuentes, por lavado de dinero.
Así pues, para José René Ávila Mazariegos el MP solicitó una condena de cuatro años para tráfico de influencias y seis años por asociación ilícita, para un total de 10 años en prisión.
Finalmente para Fernando de León Amézquita, por cohecho activo, se pidieron cinco años conmutables a Q30 por día.
El caso
El recluso Byron Lima Oliva realizaba cobros ilegales en las cárceles para permitir que los reclusos ingresaran objetos ilícitos como bebidas alcohólicas o electrodomésticos, según la acusación del MP y la Cicig.
En complicidad con Lima Oliva, Édgar Josué Camargo Liere, exdirector del Sistema Penitenciario, y Edy Fisher Arbizú, exsubdirector del Sistema Penitenciario, coordinaban el traslado de reos a diferentes centros cancelarios si se pagaba una determinada suma de dinero. El exfuncionario habría favorecido por lo menos a cuatro personas, dijo la Fiscalía.
La investigación concluyó que se conformaron poderes paralelos que utilizan como intermediarios o gestores a las propias autoridades del Sistema Penitenciario. En este sentido, el grupo de personas se concertaban con el objeto de ejercer control e influencia en el Sistema Penitenciario.
Los operativos para desarticular la red fueron realizados en septiembre de 2014.
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