Le puede interesar
Asimismo, su hija, Saraí Villavicencio Delgado, será procesada por asociación ilícita, tráfico de influencias en forma continuada, lavado de dinero, cohecho activo en forma continuada.
Esa fue la resolución que dictó Erika Aifán, jueza de Mayor Riesgo D, a cargo del caso. Villavicencio quedó en prisión preventiva en la cárcel de la base militar Mariscal Zavala.
Otros procesados en este expediente son los exdiputados Luis Fernando Pérez, Roberto Kestler y Rubén Rolando Pérez Bethancourt, y más de 10 particulares. Al exviceministro William Sandoval Pinto le fue decretada la falta de mérito y libertad inmediata.
Villavicencio enfrenta otro proceso penal, por la firma del pacto colectivo entre el mismo ministerio y salubristas que resultó oneroso para el Estado.
Aifán tomó en consideración relatos de testigos que expusieron a la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público que señalaron que hubo tarjetones con listados de personas que envió la exvicepresidenta Roxana Baldetti y Villavicencio aprobó la contratación de esos grupos.
Los testigos relataron que Saraí creo un correo electrónico por medio del cual envíame nombre y curriculum de personas que serían contratadas, luego Jorge Estuardo Estévez Cabrera -primo del EXpresidente Jimmy Morales Cabrera- ratificaba esas plazas con el aval de Villavicencio, Estévez ahora es colaborador eficaz en el caso.
Aifán negó medidas al exministro y su hija y seguirán en prisión preventiva en la cárcel de Mariscal Zavala.
La investigación
De acuerdo con la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), entre 2012 y 2014, durante el gobierno del Partido Patriota y la gestión de Jorge Villavicencio como ministro de Salud, se conformó una red de exfuncionarios y exdiputados para cobrar dinero por proyectos de remoción y reparación de hospitales, por gestiones durante el estado de Calamidad por el terremoto de San Marcos y por otros eventos de construcción de hospitales, compra de bienes en el Ministerio de Salud y adjudicación de plazas en la institución a personas recomendadas por esos legisladores.
El MP estimó en julio de 2019, en la presentación del caso, que los sobornos fueron de Q50 millones. El caso implica a 118 personas.
Correos electrónicos, registros documentales, eventos de compras, análisis criminalísticos, un colaborador eficaz involucrado en la recolección del dinero y complementado con otros dos colaboradores eficaces con conocimiento del método de cobro de la estructura son parte de los indicios de la fiscalía.
En contratos de remozamiento o reparación de hospitales, a raíz del terremoto de San Marcos de ese año, se habrían cobrado Q17 millones en la construcción de nuevos centros en Quiché, Baja Verapaz, Sacatépequez y Villa Nueva se habrían cobrado sobornos por Q36 millones. Mientras que preliminarmente se estima en Q900 mil el cobro de sobornos por contratos de bienes para el Ministerio de Salud.
