Gabriel, como se identifica el “coyote” o traficante de personas que accedió a la entrevista, afirma que la odisea y el asedio comienza desde Camojá, una de las 28 aldeas de la Democracia, Huehuetenango, donde según Gabriel, operan los retenes de los cárteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, con el conocimiento de las autoridades ediles y policiales.
Gabriel afirma que pagan “el reporte” para avanzar y no ser “molestados” por esos grupos armados, al menos mientras salen de Guatemala y avanzan por una parte del territorio mexicano.
“Te dan un brazalete o pulsera para que cada grupo del crimen organizado te identifique y no te secuestre, aunque eso también representa altos costos para los que llevamos gente. Ellos cobran Q500 o Q1000 por cada persona que llevamos, pero depende de la nacionalidad”, afirma.
Obligados
Añade que si una persona no tiene para pagar lo que piden son obligados a trabajar para ellos e incluso, los obligan a llevar cargamentos de droga hacia México bajo el monitoreo de miembros del crimen organizado que impiden que puedan escapar.
“Solo tienen dos opciones: o pagan o trabajan para ellos llevando droga”, reitera.
Los carteles de la droga paran buses o cualquier tipo de vehículo donde consideren que llevan migrantes, luego hacen el conteo de los que viajan, la cantidad debe coincidir con el número que les reportaron de otros retenes o habrá problemas, dice Gabriel.
“Si cualquiera de los dos grupos entran en un conteo y no coincide con el número de migrantes que llevamos o ellos no muestran la pulsera que identifica a cada cartel, el que se mete a broncas es el chofer del bus o los polleros”, afirma.
Más pagos
Al asedio de los carteles de la droga se suma el de la PNC según el entrevistado, al afirmar que cobran entre Q100 y Q300 por cada migrante.
“Hubo un haitiano al que le sacaron mil quetzales a cambio de dejarlo pasar porque no llevaba sus documentos en orden, no es un retén de seguridad, solo te bajan porque saben que es un paso de migrantes”, señaló.
Gabriel afirma que durante unos meses el cobro de extorsiones a los migrantes disminuyó, debido a que fue desplegado el ejército cuando trascendió que carteles mexicanos mantenían conflictos en la frontera con Guatemala por la venta de droga.
“Bajó porque saben que el ejército no se mete en esos cobros, pero siempre hay retenes de la PNC y aunque todo esté en orden ellos te meten miedo y te dicen que te van a deportar. A una persona que tenía orden de captura le sacaron Q8 mil para dejarlo pasar en Santa Ana Huista”, explicó.
Ante estas situaciones y por denuncias de otros delitos en los que supuestamente incurre la PNC, el ministerio de Gobernación ha informado que existe una investigación en contra de elementos destacados en zonas fronterizas y que incluso han logrado capturas, aunque no dieron a conocer la cantidad de aprehendidos y si ya recibieron sentencias.
También se afirma que mantienen el control de las fronteras y han impedido el paso de grupos armados debido a que hay personal policial destacado en las zonas fronterizas.
El coyote afirma que todos los pagos que deben hacerse tanto a las autoridades policiales como a los carteles de la droga, hacen que se incremente la cantidad que se le cobra a una persona por guiarla hasta la frontera de Estados Unidos, a tal punto que si el pago es alto “tiene más posibilidad de llegar sano y salvo a ese pais”.
Los cobros que hacen los denominados “coyotes” en Guatemala pueden llegar hasta los Q100 mil, que se pagan en dos partes, una mitad cuando el migrante sale y el resto cuando se encuentra seguro en territorio estadounidense.
Hacen coyotaje
“Después de la pandemia los cárteles de narcotraficantes han incursionado no sólo en el secuestro de los migrantes, ahora incursionaron en el coyotaje”, dice Rosario Martínez, investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
Martínez, refiere que si bien esta modalidad de los cárteles de la droga no es nueva, se hizo más visible después de la pandemia, y su estrategia consiste en interceptar a los conocidos “coyotes” para ellos mismos trasladar a los migrantes a Estados Unidos.
“Incluso han incrementado los costos de esta migración y cobran entre Q100 mil y Q120 quetzales a las familias de los migrantes que secuestran, aunque las víctimas pueden pasar de 15 días a tres meses para que su familia reúna ese dinero, durante ese tiempo se sabe que los migrantes pasan condiciones infrahumanas y los sobrevivientes le han llamado el infiernito”, precisa.
“Las mujeres son violadas y los hombres golpeados, y entre más rápido paguen más rápido se liberan de esta pesadilla”, afirma Martínez.
Sobre cómo estos grupos armados logran traspasar fronteras estadounidenses, la investigadora Martínez dice que la frontera es “porosa” y los cárteles generan las condiciones para que estos cárteles puedan ingresar sin mayores problemas.
Gladys Abad Estrada, directora de la Casa del Guatemalteco en Tijuana, México, dice que el peor error es salir solo de Guatemala sin conocimiento de las rutas a tomar para llegar a la frontera con Estados Unidos, puesto que no precisamente se trata de carteles de la droga, sino de grupos que buscan beneficiarse de quienes no conocen el territorio.
“Los cárteles de la droga quieren apoderarse de todo, ya no quieren que vengan traficantes de personas de otros países y por eso ahora los interceptan junto con los migrantes que llevan para ellos quedarse a cargo del traslado a Estados Unidos, quieren el poder de todo, algo que antes no se cometía pues los migrantes eran abandonados, y ahora es una forma de presión a las familias de los migrantes para que les paguen”, asegura.
