El Ministerio Público (MP) informó que Lemus Salguero tenía orden de captura por el delito de tráfico de influencias.
El exlegislador permanecerá en el centro hospitalario mientras se le hace saber el motivo de su detención y el juez del caso define su situación legal, añadió la fiscalía.
El caso se remonta a 2012 y 2014, durante el gobierno del Partido Patriota, donde una red de exfuncionarios y exdiputados se dedicaron a cobrar dinero por proyectos de remoción y reparación de hospitales; durante el estado de Calamidad por el terremoto de San Marcos y por otros eventos de construcción de hospitales, compra de bienes en el Ministerio de Salud y adjudicación de plazas en la institución a personas recomendadas por diputados.
El MP estimó en julio de 2019, en la presentación del caso, que los sobornos fueron de Q50 millones.
La investigación está fundamentada en miles de correos electrónicos, registros documentales, eventos de compras, análisis criminalísticos, un colaborador eficaz involucrado en la recolección del dinero y complementado con otros dos colaboradores eficaces con conocimiento del método de cobro de la estructura.
Un total de 118 personas estaban implicadas en este caso, entre ellas diez diputados de la legislación anterior.
En este caso están implicados Estuardo Galdamez y Rodolfo Castañón, quienes no fueron encontrados en su domicilio ayer. Aracely Chavarría Cabrera de Recinos, también exdiputada, fue arrestada ayer.
Red de sobornos
La estructura empezó a operar en 2012 con Jorge Villavicencio, ministro de Salud, Su hija Saraí Villavicencio Delgado y Luis Fernando Pérez, entonces diputado, presuntamente montaron una estructura para facilitar la contratación de obra pública y compra de bienes y servicios a través de la colocación de sus allegados en puestos claves del ministerio.
Los diputados y exdiputado señalados habrían tenido intervención en procesos de remozamiento de hospitales, así como por solicitar plazas fantasma o presumiblemente pedir a Villavicencio plazas en la institución para sus recomendados.
En contratos de remozamiento o reparación de hospitales, a raíz del terremoto de San Marcos de ese año, se habrían cobrado Q17 millones en la construcción de nuevos centros en Quiché, Baja Verapaz, Sacatépequez y Villa Nueva se habrían cobrado sobornos por Q36 millones. Mientras que preliminarmente se estima en Q900 mil el cobro de sobornos por contratos de bienes para el Ministerio de Salud.
En la imputación también se incluye a Jaime Pérez Castillo, sobrino del expresidente Otto Pérez Molina. Entre los contratos por los que se intentó cobrar una comisión, sin lograrlo, fueron un proyecto de construcción de un hospital modular en Mixco por entre Q75 millones y Q80 millones, cuando Otto Pérez Leal, hijo de Pérez Molina, era el alcalde de ese municipio. La adjudicación del proyecto, sin embargo, ya no se llevó a cabo.
La investigación seguía para esclarecer los cobros realizados por 450 plazas en el ministerio que habrían representado favores políticos a diputados, cobros mensuales a la organización o posibles plazas fantasma.
El caso también relaciona al expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguro Social, Juan de Dios Rodríguez, cuando este era secretario privado del entonces presidente Pérez Molina. Rodríguez, presuntamente se habría beneficiado, a través de intermediarios, de algunos contratos de remozamiento de centros de salud y hospitales.
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