Villavicencio fue enviado a la prisión ubicada en Mariscal Zavala. La próxima audiencia será el 6 de mayo.
A su llegada a los tribunales, el exministro dijo ante la prensa que en su gestión -estuvo al frente del Ministerio de Salud de mayo de 2012 a septiembre de 2014- no se hizo nada fuera de la ley.
“Lo que veo aquí es que se fue la Cicig y el Ministerio Público quería hacer un bonito show. En varias oportunidades fueron a allanar otras casas, y en varias oportunidades me he presentado ante las autoridades y el juez ha aplazado todas la audiencias”, agregó.
El médico tenía orden de arresto desde el 18 de enero, cuando se efectuaron 20 allanamientos en busca de varios implicados en un caso de fraude en el Ministerio de Salud entre 2012 y 2014. Las autoridades allanaron su casa en Tulam Tzu, en Mixco, sin ubicarlo.
Recordó que iba a comparecer
En el Juzgado Quinto Penal, el exfuncionario recordó que había solicitado una audiencia para comparecer desde el 20 de febrero pasado, dos días después que tenía orden de aprehensión.
Su abogado, Luis Godoy, incluso indicó que la audiencia había sido incluida en la agenda de la jueza Secaida el 5 de marzo pasado y que se reprogramó por la gran cantidad de audiencias para el 11 de junio próximo.
“Mi cliente tenía la intensión de comparecer. Ya se había reprogramado la audiencia”, especificó y adelantó que ya prepara sus alegatos.
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El caso
Las irregularidades se originan en la firma del pacto colectivo y condiciones de trabajo de la cartera y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG) durante el periodo que Villavicencio estuvo a cargo de la cartera salubrista (2 de mayo de 2012 al 23 de septiembre de 2014).
A raíz de la firma de ese pacto colectivo, criticado por la sociedad guatemalteca, el Ministerio de Salud pagó Q14 millones al abogado César Landelino Franco López. El dinero provenía de los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios, y era para medicamentos, alimentos, productos reactivos y químicos, así como y material quirúrgico.
El 20 febrero del 2014, Franco López recibió el primer pago de Q7 millones como honorarios profesionales del Ministerio de Salud. Con la deducción de los impuestos, recibió Q6 millones 375 mil 600. El 8 de julio del 2014 recibió el segundo pago por otros Q7 millones y con la deducción de impuestos cobró Q6 millones 375 mil 600.
El abogado representaba al SNTSG e hizo transacciones por menos de US$10 mil para no levantar sospechas de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SB).
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Los beneficiarios fueron José Gabriel Sepulveda López, Rolando Eberto Cancinos Barrios y Javier Eduardo Méndez Franco, los tres procesados. Ellos cobraron Q5 millones 752 mil 937.60, según la investigación.
Según el MP, no existe base financiera cuantificable para el pago de honorarios en la negociación del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo de la cartera de Salud, “por lo que encaja en los delitos de abuso de autoridad y peculado por sustracción en forma continuada”.
Luego de ese pacto colectivo -la negociación se realizó del 5 al 21 de agosto 2013- se creó el Reglamento de Gastos y Viáticos del Ministerio de Salud, siempre en el periodo del Partido Patriota, el cual, según la Fiscalía, es ilegal, debido a que solo el presidente de la República tiene la potestad de crear este tipo de documentos para el pago de estos beneficios.
En el reglamento fueron contemplados los viáticos diarios de la siguiente manera: ministro, Q1 mil 200; los viceministros, Q1 mil; los directores generales y coordinadores generales, Q800, y los directores de las áreas de Salud, los gerentes de administración, financieros y de recursos humanos, Q600.
Para los jefes de departamentos y unidades médicas, el pago de viáticos diarios fue de Q400.
El reglamento también cubría a los miembros del sindicato.
Para el secretario del SNTSG, Q1 mil; el secretario ejecutivo, Q800; el secretario de actas y de finanzas, Q400, y los empleados, Q350.
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Por este caso el abogado Franco López se encuentra pendiente de captura y 10 personas, entre extrabajadores del Ministerio y sindicalistas, están ligados a proceso.
Denuncias dan pie a investigación
La investigación surgió el 7 de junio de 2014 cuando el diputado Roberto Villate, de la extinta bancada de la agrupación política Libertad Democrática Renovada (Líder), planteó una denuncia contra Villavicencio Álvarez por la suscripción “anómala” del pacto de trabajo.
Otras denuncias fueron interpuestas el 20 de abril de 2015 por la Contraloría General de Cuentas (CGC), por anomalías de funcionarios por el cobro de viáticos con base en el reglamento.
El 26 de junio de 2015, el entonces ministro de Salud del gobierno patriota, Luis Enrique Monterroso de León, señaló a los empleados sindicalizados en relación con los pagos por el pacto colectivo. Luego, el 24 de noviembre de 2015 la Procuraduría General de la Nación (PGN) se adhirió a las denuncias.
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