Comunicación Social del Ministerio Público (MP) confirmó a Prensa Libre y Noticiero Guatevisión la captura.
“En cumplimiento a orden de aprehensión girada por el Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Quetzaltenango, la Fiscalía de Asuntos Internos coordinó con la Policía Nacional Civil la aprehensión de Lilian Virgina Laparra Rivas, por la posible comisión de los delitos de falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones”.
“La investigación de la Fiscalía deriva de denuncia presentada en la cual se indica que Laparra Rivas interpuso múltiples denuncias ante la Junta de Disciplina Judicial y Supervisión de Tribunales presuntamente afirmando hechos falsos en contra del Juez de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo de Quetzaltenango y sin causa legítima, posiblemente ejerció actos en nombre del Ministerio Público, atribuyéndose carácter oficial para interponer dichas denuncias”, agregó.
La orden de aprehensión fue girada por el Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Quetzaltenango, dijo la Fiscalía.
La detención ocurre en momentos en que varios exfiscales de Feci afrontan señalamientos legales por parte del MP y varios de ellos han renunciado denunciando una persecución selectiva.
El último de ellos fue Darwin Zepeda, auxiliar fiscal de la Feci que llevaba el Caso La Línea, por temor a ser perseguido penalmente como varios excompañeros, según expresó.
Otras renuncias recientes son las de las auxiliares fiscales de Feci, Gilma Guerra y Masell Pérez, quienes tuvieron a su cargo casos como Traficantes de Influencias y Financiamiento UNE, quienes renunciaron a sus cargos el pasado lunes 21 de febrero.
El exfiscal de Feci Carlos Antonio Videz Navas renunció a su cargo y salió del país el 17 de febrero previniendo que se atente contra su vida y para evitar ser “una víctima más, de la injusta persecución, destinada a castigar a quienes nos atrevimos a exponer la corrupción, como lo reflejan las recientes detenciones”.
Vídez Navas fue el fiscal que participó en el interrogatorio del Testigo A, quien acusó al presidente Alejandro Giammattei de financiar su campaña con sobornos de empresas constructoras y de haber negociado con el entonces ministro de Comunicaciones, José Luis Benito el pago de Q20 millones a cambio de mantenerlo en el cargo.
Ese 17 de febrero también renunció Kevin Montes, quien actualmente estaba en el Fiscalía de Chuarrancho y había laborado también en la Feci. El MP informó que ese mismo día también renunció el agente fiscal Lorenzo Bolaños.
El pasado 13 de febrero, el abogado Rudy Herrera, fiscal de la Feci que investigó irregularidades en elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones, también presentó su renuncia.
Estas renuncias de fiscales se da luego que el pasado 10 de febrero las autoridades guatemaltecas detuvieron a la abogada Leyli Santizo, exmandataria de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), bajo cargos de obstaculizar la acción de la justicia.
El pasado 15 de febrero, la abogada Eva Siomara Sosa, quien también trabajó en Cicig y fue parte de la Feci se presentó al tribunal donde había sido citada para aclarar su situación legal, pero de forma inesperada fue detenida y llevada a la cárcel.
A mediados del año pasado, Washington suspendió la cooperación con la Fiscalía de Guatemala, a cargo de Consuelo Porras, tras la destitución del entonces jefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval, quien salió del país por seguridad, según dijo.
Todos han denunciado de que la actual fiscal general, María Consuelo Porras, favorece a intereses particulares y ha emprendido una persecución en contra de operadores independientes de justicia.
El 20 de septiembre de 2021, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, publicó en su cuenta de Twitter que la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, y el secretario general del Ministerio Público (MP), Ángel Pineda, fueron incluidos en la lista de actores corruptos y no democráticos de la sección 353 del informe sobre personas extranjeras que han participado en acciones que socavan procesos o instituciones democráticos
