Un capturado más es Murphy Paiz, rector de la Universidad de San Carlos (Usac), que ingresó a un sanatorio, por lo cual quedó bajo custodia policial y, una vez los diagnósticos médicos lo permitan, será trasladado a la Torre de Tribunales. El rector se encontraba en un hotel de la zona 11 de la capital, en donde se lleva a cabo la ronda de entrevista con aspirantes a magistrados de la Corte de Constitucionalidad designados por esa casa de estudios, pero al enterarse de la orden de detención en su contra, habló con los miembros del Consejo y les pidió permiso para retirarse y enfrentar a la justicia, no obstante, no llegó directamente ante la justicia sino que ingresó al sanatorio.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Policía Nacional Civil (PNC) desarrollaron 12 allanamientos la mañana de este viernes 26 de febrero y capturaron a:
- Luis Fernando Ruíz Ramírez, es candidato a Magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), en representación del CANG. Entre sus nexos políticos figuran Fredy Cabrera y Roberto López Villatoro, conocido como el Rey del Tenis, quienes lo apoyaron para llegar a la presidencia del CANG. Se le vincula con el actual presidente de ese Colegio, Ovidio Orellana. Trabajó en el gobierno del Partido Patriota, en la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad. Fue catedrático del expresidente Jimmy Morales y de la excanciller Sandra Jovel en el doctorado de Seguridad Estratégica de la Usac.
- También se informó de la captura de la abogada Jennifer Candelaria Dell’Acqua Lima, abogada, representante del CANG en la Comisión de Postulación de magistrados de la Corte de Apelaciones 2019 -2024. Dell’Acqua fundó, junto a su esposo, el abogado Saúl Zenteno, el bufete jurídico Zenteno y Asociaciones. Zenteno es uno de los candidatos a magistrado de la Corte de Constitucionalidad por parte del CANG, quien es señalado en el caso Comisiones Paralelas 2020, la FECI lo identificó como una de las personas que mantuvo comunicación con Gustavo Alejos Cámbara. Al igual que Dennis Billy Herrera Arita, Estuardo Gálvez, Juan Carlos Godínez. En octubre de 2020 estuvo presente, junto a su esposa, en un confuso incidente armado en un restaurante en Santa Elena, Petén donde sicarios ejecutaron al juez Waldo Alvizures.
- Juan Salvador Soto Hernández, era representante del CANG ante la Comisión de Postulación de candidatos a Salas de la Corte de Apelaciones 2019-2024, por la Organización de Profesionales de la Justicia.
- Olga del Rosario Alfaro Pineda, otra comisionada representante del CANG por la Coalición Gremial.
En audiencia, Erika Aifán, jueza de Mayor Riesgo D, a cargo del caso, envió a Soto Hernández y Ruiz Ramírez a la cárcel en el cuartel de Matamoros, mientras que Dell’Acqua Lima fue enviada a Mariscal Zavala. La audiencia de primera declaración fue suspendida esta tarde y fue reprogramada para el 10 de marzo a las 9 horas.
En el caso de Alfaro Pineda, no fue escuchada por Aifán y posiblemente lo sea en otro juzgado durante el fin de semana y mientras tanto permanecerá en carceleta de la Torre de Tribunales.
Órdenes de captura
- Carlos Estuardo Gálvez Barrios, según el MP, es señalado de ser un operador y estar vinculado con el caso Comisiones Paralelas. La Fiscalía lo señala de reunirse en un hospital con Gustavo Alejos para, supuestamente, acordar la elección de magistrados de CSJ y de Corte de Apelaciones. Apoyó el ascenso de grupos ligados a Roberto López Villatoro, el Rey del Tenis. La CICIG presentó una denuncia antes de su salida del país, por proyectos de construcción sin terminar en el tiempo en el que Gálvez fue rector de la Usac. Gálvez dijo que la Feci violó la Constitución al calificar la forma en que los comisionados votaron por los aspirantes a magistrados. Señaló que en 2020 se puso a disposición de la Feci en torno al caso Comisiones Paralelas 2020, pero la orden de captura ocurre coincidentemente hoy, que se celebra la elección de magistrado titular y suplente de la CC designados por el Cang.
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Henry Giovanni Dubón Ruano, era representante del CANG ante la Comisión de Postulación de candidatos a Salas de la Corte de Apelaciones 2019-2024, por Edificando justicia.
- Juan José Bolaños Mejía es señalado por el MP por ser parte del grupo de operadores que negociaron las magistraturas de las salas de Apelaciones.
Video Prensa Libre: Juan Diego González.
El origen del caso
En febrero de 2020, a raíz de la investigación por el delito de evasión en contra de Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, quien se encontraba en prisión preventiva en un sanatorio de la zona 2 de la ciudad de Guatemala, el Ministerio Público pudo inferir intentos para manipular el proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia y de las Salas de la Corte de Apelaciones y de otros Tribunales Colegiados de igual categoría.
Según Sandoval, la investigación de la fiscalía ha determinado la comisión de actividades criminales que tienen su génesis en la concertación de un conjunto de actores que influenciaron indebidamente el proceso de selección de candidatos a magistrados que se materializan en actividades comparables a “comercialización informal”, consolidadas como un trueque de favores.
Expresó que se identificaron redes que operan desde dentro y desde fuera del sistema de justicia para influir en la toma de decisiones, e incluso algunos grupos se han especializado en “ofrecer” (vender) servicios de impunidad a partir de contactos en el interior del mismo. Además, se estableció la distorsión del esquema legal de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas de la Corte de Apelaciones.
Así operó la red
Según la investigación, esta agrupación se cercioró de obtener el número de electores necesarios, para alcanzar los votos mínimos indispensables, para cumplir con su cometido de copar las cortes.
Agrega que el pacto se aseguró de obtener el número de electores necesarios, para cumplir con el requisito establecido en los artículos 215 y 217 de la Constitución Política de la República, es decir las dos terceras partes de los votos. El número que se requería era de 25. La agrupación aseguró 24 votos, y manejaron un margen de riesgo de 1 voto.
El MP explicó que de acuerdo con la información que obra en investigación, los 24 electores respondieron a compromisos asumidos de conformidad con la explicación que se refiere en la siguiente tabla:
El detalle de la investigación, luego de tener asegurado el número de votos necesarios, cada uno de los electores, bien sea en nombre propio o en representación de alguno, estableció un cupo de aspirantes que pasaría a la nómina final, de conformidad con el pacto establecido.
En un allanamiento que las autoridades encontraron en el sanatorio de la zona 2, se encontraron listados en el que habían listado con letras que correspondían al nombre o apellido de algunos de los operadores políticos o comisionados de la organización y al al lado la cantidad de aspirantes que les fue permitido proponer para las cortes.
Otro documento que la Fiscalía secuestró en el Sanatorio Ciudad Nueva, tenía un listado que contiene el nombre del aspirante a las magistraturas y su respectivo número de expediente, y al margen izquierdo, se observa las letras iniciales de los nombres de los operadores políticos o comisionados, que aparecen en los otros listados.
Según la investigación, las iniciales de los operadores políticos o comisionados aparecían a la par de los aspirantes a magistraturas por los cuales se tenía interés que integraran la nómina final, que sería remitida al Congreso de la República de Guatemala.
La investigación de la fiscalía permitió vincular las iniciales y algunos nombres que aparecían en los documentos con los operadores políticos y comisionados que integraban las comisiones de postulación, y quedaron de la siguiente manera.
Del análisis de los indicios, Sandoval señaló que se logró determinar la forma en la cual, la supuesta estructura criminal se concertó premeditadamente y durante el proceso de elección de magistrados a la Corte de Apelaciones con el objeto de que resultaran electos los aspirantes que eran de su interés y para ello aprovechándose de su poder político y su función como comisionados, influyeron directamente en el proceso de postulación.
Señaló que como un reflejo de los consensos ilegales que se dieron en la votación, varios de los aspirantes que estaban dentro del voto consensuado de la red obtuvieron calificaciones altas dentro de los electores.
Para elegir a los magistrados de la Sala de apelaciones, de los 270 aspirantes propuestos en la lista pactada por la organización, 239 quedaron en la nómina, es decir el 88.51%.
De la lista de 259 candidatos que no fueron pactados por esta red, solamente 31 pasaron a la nominación, es decir el 11.96%.
Conclusiones
La conclusiones a las que llegó el MP es que esta red de operadores políticos y de comisionados para elegir a magistrados de cortes lograron que
- El proceso de selección no se investigaran los méritos de los candidatos.
- No hubo claridad sobre parámetros de evaluación, por el contrario hubo excesiva discrecionalidad
- No existió debida investigación de la información aportada (tachas) sobre los candidatos.
- Las entidades encargadas de la elección fueron permeables a intereses de grupos de poder e individuos con compromisos penales en particular.
- No se respetó la normativa constitucional, legal y fallos de la Corte de Constitucionalidad en la conformación de la nómina
El caso Comisiones Paralelas 2020
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) documentó reuniones de jueces, magistrados, diputados y abogados candidatos a magistrados judiciales con Alejos, exsecretario privado de la Presidencia entre 2008 y 2012, durante febrero y sostiene que esos encuentros fueron para negociar las listas de aspirantes a las cortes.
Esos encuentros fueron en un anexo de un hospital privado de la zona 2 capitalina, donde Alejos estuvo por supuestos quebrantos de salud, pero se convirtió en su oficina para las reuniones.
En el caso Comisiones Paralelas 2020 también está vinculado el abogado Mynor Moto, quien fue electo por el CANG para concluir el período 2016-2021, que concluye el 14 de abril de este año. Moto se encuentra prófugo de la justicia desde el 1 de febrero pasado.
Este 26 de febrero el CANG lleva a cabo la elección de sus representantes para integrar la Corte de Constitucionalidad 2021-2026.
