La primera es la lucha contra la corrupción. Debe ser fortalecida. Hay muchos casos que tienen que ir a debate y conseguir sentencias.
La segunda es el esfuerzo conjunto del MP para bajar el índice de impunidad, por ejemplo, en el delito de homicidio.
La tercera es hacer una investigación estratégica y buscar condenas en los casos de narcotráfico y delincuencia organizada.
Entre sus prioridades está la lucha contra la corrupción. ¿Qué le ha faltado a la actual gestión y qué debe seguir y mejorar?
Es un modelo de investigación que hay que continuar. No he dicho que es algo que haya que cambiar. Lo que sí he dicho es que el buen modelo de gestión de lucha contra la corrupción se debe replicar en las demás fiscalías del Ministerio Público.
¿Reconoce que hay un alto índice de impunidad? ¿Por qué y cómo reducirlo?
Yo no lo he reconocido, lo dice la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en un informe que presentó en el 2015. No reconozco nada ni me corresponde, sino que digo que el informe dice que hay un índice de 95 por ciento de impunidad.
Para reducirlo, hay que hacer equipos multidisciplinarios para trabajar en fiscalías como la de Delitos contra la Vida. Hay que replicar el buen modelo e investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad.
¿La prisión preventiva sigue siendo necesaria en casos de alto impacto?
Hay tres condiciones, una es cuando la ley así lo establece. El artículo 264 del Código Procesal Penal da una lista con los delitos que no se pueden excarcelar bajo ningún otro beneficio. Luego, si hay una posibilidad de fuga o que se perjudique una investigación.
Esos son los lineamientos que los jueces deben aplicar. Si se está haciendo mal uso o no, lo que a mí me corresponde es analizar y revisar para ver si está sucediendo dentro del MP.
Existe la percepción de que solo casos políticos avanzan en el MP, ¿cómo hacerle llegar a la población el mensaje de que se trabaja en la persecución de otros delitos?
Cuando llegue al cargo podría responder esa pregunta, si me corresponde llegar al MP. Eso es un tema de percepción.
La relación con la Cicig, ¿cómo sería durante su gestión?
La Cicig es un socio estratégico bueno, que se debe aprovechar para trasladar las capacidades al MP.
¿La Cicig se ha excedido en su mandato en los últimos tres años?
No me corresponde decirlo a mí. Yo estoy aplicando para ser fiscal general, no me corresponde dar esas opiniones.
Eso lo pueden decir los abogados defensores, los analistas de opinión; ese no es mi campo.
¿Hasta cuándo se hace necesaria la Cicig?
Eso lo dirá el Estado, por medio de las instituciones que otorgaron el mandato.
Su vínculo laboral en la PDH es criticado por grupos, principalmente en redes sociales. ¿Cómo garantizar la independencia de acción e ideológica al frente del MP?
Esas críticas que se hacen son parte de la cultura de violencia contra la mujer que existe en el país, porque a la gente no le gusta reconocer que las mujeres tenemos capacidad intelectual, capacidad en el ejercicio profesional. Lo que hacen es etiquetarnos y buscar la forma de menospreciar la capacidad y el trabajo.
Yo estoy sufriendo en las redes sociales ese tipo de ataque. No sé de dónde vienen los ataques. Me lo han dicho, pero no he profundizado en eso, no me interesa.
¿Podría esto afectar la decisión del presidente, tomando en cuenta los roces del actual procurador con círculos políticos cercanos a Jimmy Morales?
Si hay algún problema, es entre el presidente y el procurador; ese no es mi problema. Soy una profesional que está acá por carrera, porque públicamente he sido intachable y calificada como la mejor del listado de 39 aspirantes.
Si alguien tenía que decir algo, no lo hizo en su momento. No veo por qué tenga que perjudicarme.
Yo veo que el presidente de la República es una persona con madurez política, ética y que va a tomar la mejor decisión para el pueblo de Guatemala, ni siquiera para mí o para él.
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