En el último año de Morales, en 2019, la cifra alcanzó las 14 mil 714 denuncias ante la Policía Nacional Civil (PNC). Mientras que en el último del gobierno de Giammattei fueron 18 mil 96, 3 mil 371 más que en el 2022.
Luis Mazariegos, director de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB), confirma ese repunte de incidencia de extorsiones en el país durante 2023 y el Cien respalda el hecho con que cada día del año pasado se denunciaron diariamente 50 casos de este delito.
La CGAB desde inicios del 2023 llevó a cabo encuestas a pocos más de 45 empresas socias y los datos que arrojaron fueron preocupantes porque el 40% de ellas manifestó pagar una extorsión y de estas, el 75%, ser víctima del delito desde tres años atrás; y el resto, hace más de siete años.
Otros resultados del estudio revelaron que el 75% de las empresas pagaban hasta Q100 mil de extorsiones anualmente, mientras que el 25% estima que el monto oscila entre los Q101 mil y los Q500 mil.
También se revela que el 50% de los encuestados considera que las extorsiones aumentaron en un 10% en 2022, principalmente en la región metropolitana y el sur del país. Y en 2023 el caso no fue distinto.
Mazariegos expresa que la mayor cantidad de casos la reportan en el departamento de Guatemala y sus municipios, mientras que el Cien confirma los datos. El último reporte establece que en el departamento de Guatemala se registró más de la mitad de las denuncias por extorsiones.
Mientras que Guatemala, Escuintla y Sacatepéquez reportan dos de cada tres extorsiones del país. Ocho departamentos registraron una tasa mayor a 100 extorsiones por cada 100 mil habitantes. Guatemala (258.3); Sacatepéquez (214.2); y, Escuintla (174.2) registraron las tasas más altas, según el Cien.
Para Mazariegos, de la CGAB, en el caso de alimentos y bebidas, las extorsiones van de acuerdo con el área geográfica donde se desplazan los colaboradores de las empresas.
Todo eso depende para que las empresas pequeñas, medinas o grandes, paguen entre Q5 mil y Q10 mil por poder operar.
A eso, según el director de la Cámara, se le suman cuotas diarias por “derecho de paso” que oscilan entre los Q100 y los Q500 diarios para ingresar a distribuir el producto.
“Si no se paga atentan contra los empleados”, refiere Mazariegos. Otro tipo de extorsiones son aquellas a las que le han llamado “corporativas”, que se deben pagar una cuota por empresa.
“Es un delito muy perverso. Esperamos que las autoridades actuales actúen para mitigar este gran problema”, enfatiza Mazariegos.
Para él, a nivel de ruteo, por no decir el 100 por ciento, las empresas extorsionadas alcanzan el 90 por ciento en áreas naranjas y rojas.
“Es el departamento de Guatemala, y sus municipios, donde más extorsiones hay”, comenta.
“En el 2023 hubo un repunte importante. Atentaron contra la vida de los colaboradores. Esto lo convierte en un gran crimen en Guatemala”, expuso.
Un investigador de la PNC señala que una empresa grande paga poco más de Q50 mil quincenales a los “ranfleros” o líderes del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13) producto de la extorsión. Agrega que la compañía paga Q8 mil por cada camión repartidor para evitar que sus empleados sean atacados.
Pero esta no es la única cuota que deben cancelar los empresarios. Los pilotos de los camiones deben hacer efectivo el pago de Q100 a cada clica de pandilla antes de iniciar a repartir el producto en las tiendas de conveniencia. “No hacerlo muchas veces es seguido de un ataque armado para cobrarse a vida de un trabajador”, explica.
A criterio del investigador ese dinero es una “cuota de paso” y las zonas de la capital donde más extorsión deben pagar las empresas son la 1, 3, 5, 6, 7, 18 y 19 de la Ciudad de Guatemala, incluidos los municipios del sur como Villa Nueva, Mixco, Villa Canales, Amatitlán y San Miguel Petapa.
Según las investigaciones de la PNC, son varias las empresas que pagan la extorsión, pero no lo hacen público para no verse afectados. Podrían llegar a ser poco más de 50 compañías nacionales e internacionales.
Estas son algunas de las recomendaciones que el Cien ha dado al gobierno de Bernardo Arévalo para atender el delito de la extorsión en el país.
- Implementar campañas de información para evitar que las personas se vuelvan víctimas o coautores de una extorsión.
- Mejorar el control las cárceles e implementar una reforma penitenciaria a largo plazo.
- Lograr una coordinación efectiva con las empresas de telefonía, creando una base legal para el bloqueo de señal en las cárceles, así como establecer responsabilidades claras.
- Intensificar la coordinación con el sector bancario para una mejor persecución penal.
- Evaluar nuevas estrategias para judicializar los casos de extorsión que en la actualidad causan dificultades de investigación.
Estos son algunos hallazgos de reciente estudio de extorsiones del CIEN (2010-2021)
- En un periodo de 12 años el Ministerio Público recibió 106 mil 775 casos por extorsión.
- El 20% de los casos se encontraban activos (21,605). De estos, el 89% se encontraban en la etapa de
investigación. - El 80% de los casos de los últimos 12 años (85,170) fueron concluidos por diversos motivos. De estos, un 68% fueron archivados, 24% desestimados y solo el 6% recibieron sentencia.
- 7 mil 896 personas recibieron sentencia en casos de extorsión. 88% fueron sentencias condenatorias.
El último caso que ocurrió contra un trabajador de una empresa fue el 24 de enero pasado en la 15 avenida y 18 calle zona 1 de la Ciudad de Guatemala.
El crimen ocurrió a eso de las 5.45 horas cuando Alvizures, piloto del camión repartidor de gaseosas, se estacionó frente a una tienda sobre 18 calle, 14-85 de la zona 1.
Alvizures fue atacado a balazos cuando descargaba producto junto con otros cuatro compañeros en carretas para llevarlas a tiendas del área. Los dos hombres, tras dispararle y matarlo, corrieron al final de la calle y cruzaron en uno de los callejones de la colonia La Limonada, zona 5.
Además, dijeron que había un guardia de seguridad privada a un costado del camión, pero al observar a los delincuentes prefirió esconderse y resguardar su vida.
El hecho de violencia se registró a escasos 40 metros de la subestación 11-1-1 de la Policía Nacional Civil y a tres cuadras de la sede central del MP.
Junto al cuerpo de Alvizures hallaron un teléfono celular negro y la primera hipótesis que manejan las autoridades es que el ataque armado fue por el cobro de extorsión.
Alvizures dejó en la orfandad a dos hijos. Además, el pasado 8 de enero celebro su cumpleaños junto a sus compañeros de trabajo.
El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, tras este crimen dijo que la extorsión es un problema que afecta a grandes empresas y vecinos de todo el país. Además, afirmó que desde las cárceles es donde se ordenan estas extorsiones.
“La extorsión es el delito de mayor impacto a la población en todos lo nivel sociales, grandes corporaciones empresariales que se ven afectadas, como personas que tienen actividades informales económicas o cualquier tipo de ciudadanos. Mucho de esto de la extorsión surge de las cárceles, por lo tanto, hay una combinación de dos prioridades que tenemos, el tema de extorsiones y el tema del Sistema Penitenciario”, comentó Jiménez.
