La contratación del seguro obligatorio de los transportistas se debe a los constantes accidentes de tránsito que solo en los últimos cinco meses han dejado al menos 167 muertos en las carreteras del país, de acuerdo con registros oficiales.
El acuerdo que los obliga a contratar un seguro fue aprobado en 2020 durante la Administración del presidente Jimmy Morales, pero aún no cobra vigencia debido a la negativa de los transportistas, que mantienen negociaciones con el Gobierno.
Pero de acuerdo con Camagro, las acciones de los transportistas constituyen delitos, puesto que decenas de personas se quedaron varados por horas ante los bloqueos, por lo que exige al Ministerio Público (MP) que investigue e individualice a los responsables.
“El día de hoy -28 de enero- presentamos una denuncia penal en el Ministerio Público en contra de todo autor material e intelectual, líderes, posibles financistas y cómplices, por los posibles delitos incurridos en los bloqueos realizados en diversas carreteras del país los días veinticuatro y veinticinco de enero del año dos mil veintidós”, dice el comunicado de Camagro.
Además, agrega que “exigimos a las autoridades del MP investigar lo sucedido para que estos delitos no queden en la impunidad y se aplique todo el peso de la Ley a quienes resulten responsables.
Hechos lamentables
Como resultado de esas protestas, ocurrieron varios hechos que atentaron contra la seguridad de los guatemaltecos, pues en uno de los casos una mujer perdió la vida en una ambulancia que no pudo pasar y una mujer policía que fue “secuestrada” por transportistas inconformes.
Era la mañana del 24 de enero y miles de personas se alistaban para salir a sus labores diarias en Guatemala, pero la rutina cambió cuando transportistas bloquearon las principales carreteras.
Una historia impactante se registró en Alta Verapaz, donde una mujer perdió la vida al no recibir atención médica a causa de los bloqueos, como lo conformaron autoridades de ese departamento.
Romel Manuel Véliz Castro, gobernador de Alta Verapaz, informó que se coordinó con el Ministerio de Salud para que enviara una ambulancia, ya que una mujer estaba en trabajo de parto en la aldea Campamac, en Cobán.
Añadió que la paciente, cuyo nombre no fue proporcionado, fue atendida por una partera, pero por las complicaciones que tuvo era de urgencia trasladarla al Hospital Regional de Cobán.
Ya iban en el recorrido para que la mujer recibiera asistencia médica, pero lamentablemente se toparon con los bloqueos por parte de mototaxis en la aldea Siguanhá.
El funcionario indicó que a pesar de que los manifestantes se percataron de la emergencia, estos negaron el paso a la ambulancia, lo que causó retrasos.
La salud de la paciente empeoró y murió en la ambulancia el lunes 24 de enero cuando era trasladada, pues ya había dado a luz en la aldea Campamac. El bebé de la paciente está con vida.
Además, un enfrentamiento se produjo el martes 25 de enero por la tarde entre la Policía Nacional Civil (PNC) y manifestantes en San Antonio Suchitepéquez, informaron los Bomberos Municipales Departamentales.
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Los socorristas dijeron que dos agentes quedaron heridos en el enfrentamiento y fueron trasladados al Seguro Social de Mazatenango.
Los manifestantes pertenecen a propietarios y conductores del transporte público y mantienen bloqueados varios puntos del país porque no están de acuerdo en la adquisición de un seguro para terceros.
Los problemas comenzaron en el cruce conocido como El Aguacatal, donde, de acuerdo con videos, los descontentos volcaron autopatrullas de la Policía, y donde, al parecer, hubo varios arrestos y vehículos consignados por las autoridades.
Este cruce comunica a San Pablo Jocopilas con Santo Tomás La Unión y San Antonio Suchitepéquez.
Posteriormente, cuando se habló de que la PNC liberaría el paso en San Antonio Suchitepéquez, un grupo de manifestantes se desplazó a ese lugar “para acuerpar a los compañeros”.
En medio de los enfrentamientos, un grupo que supuestamente provenía de la Boca Costa de Sololá se dirigió a Santo Tomás La Unión y retuvo a la agente Paola Argueta de la subestación de esa localidad.
Los descontentos grabaron un video en el que obligan a la misma agente a pedirle a sus superiores que liberen a los capturados, tanto manifestantes como vehículos, a cambio de su propia liberación.
Trascendió más tarde también el secuestro de un comisario a manos de un grupo de manifestantes en el llamado cruce del Aguacatal, también en esa área.
A eso de las 20 horas de ese martes, ambos agentes fueron liberados, aunque no se revelaron detalles de las negociaciones con pobladores.
