Representantes de Calas explicaron que la cartera de Energía y Minas recibió, en abril de 2013, 250 oposiciones de igual número de habitantes de Santa Rosa para que no se instalara el proyecto minero sin embargo estas fueron rechazadas sin seguir el proceso adecuado.
Además, Archila y Castellanos Barquín habrían otorgado la licencia a la Mina San Rafael sin haber notificado a los 250 interesados, por lo que se violó el procedimiento pues debían hacer las notificaciones antes de la autorización.
La denuncia fue interpuesta en la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente del Ministerio Público, donde se indicó que dichos delitos habrían sido cometidos 250 veces.
Calas también pedirá a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala que investigue si existe tráfico de influencias en este caso, además de evaluar los bienes de Archila, pues consideran que estos no corresponden al salario que pudo recibir como funcionario público.
