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Cabecillas y sus operadores recurren a jueces para ser trasladados de cárcel de máxima seguridad a otros penales
Hay 37 criminales condenados por extorsión, secuestro, femicidio, asesinato y narcotráfico que buscan volver a operar desde otras prisiones, afirman investigadores.
37 reos buscan ayuda de jueces para ser trasladados de cárcel Renovación 1 a otros penales. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).
El 10 de noviembre recién pasado fueron trasladados 131 prisioneros a la cárcel de máxima seguridad Renovación 1, antes conocida como El Infiernito; y, durante las últimas tres semanas, 37 privados de libertad han acudido a jueces a fin de que los trasladen a otros penales.
Los documentos del Organismo Judicial (OJ) a los que tuvo acceso Prensa Libre detallan que los prisioneros condenados por delitos de asesinato, asociación ilícita, extorsión, femicidio y narcotráfico alegan que les violentan sus derechos.
Autoridades del Ministerio de Gobernación aseguraron que todos los reclusos en Renovación 1 tienen comida, agua, ropa y artículos de higiene personal.
Agregaron que, para evitar que ingresen objetos ilícitos y que los sentenciados sigan ordenando la comisión de crímenes desde prisión, las medidas de seguridad aumentaron y no se les permite a los reos la entrada de artículos personales.
Perfiles
El cabecilla de la banda criminal de Los Chegüen, Eduardo Chegüen Sagastume, es uno de los 37 reos que presentó una exhibición personal para buscar ser trasladado de la cárcel de Renovación 1 a la prisión de Zacapa.
De acuerdo con las investigaciones de la Dirección General de Inteligencia Civil (Digici) e Inteligencia Penitenciaria, Chegüen Sagastume dirigía una estructura desde prisión dedicada al cobro de extorsiones y coordinación de asesinatos y robo de furgones. Ahora él, junto a sus operadores, quiere volver a su antiguo reclusorio.
En el 2016, Chegüen Sagastume fue condenado a 71 años de prisión por los delitos de asociación ilícita, asesinato, conspiración para el asesinato y conspiración para cometer asesinato.
En el 2014, Chegüen estuvo recluido en el Preventivo para Varones de la zona 18 y luego de su condena fue trasladado al Centro de Detención Preventiva para Hombres Los Jocotes, Zacapa.
Jairo Rosendo Cervantes Gregorio es otro de los reclusos que pide ser cambiado de centro.
Cervantes tenía 19 años cuando fue condenado por asesinato en el 2015, luego de haber desmembrado y abandonado los restos de un hombre en el bulevar principal de Ciudad Real, zona 12 capitalina, en marzo del 2014.
Cervantes estuvo recluido en la cárcel de Cantel, en Quetzaltenango, y operaba junto a Rigoberto Antonio Morales Barrientos, alias Rigorrico, en una banda de extorsionistas, detallan las investigaciones de la Digici.
El 13 de julio del 2019, el Ministerio Público notificó a Cervantes sobre una investigación y nueva orden de captura por extorsión.
Fue trasladado a la granja penal Pavón, donde continuó sus operaciones al integrar una estructura de imitadores que realizaba llamadas extorsivas desde el centro carcelario.
El 10 de noviembre último fue trasladado a Renovación 1.
Asimismo, Érick Abel Hernández de León, en marzo del 2014, fue sentenciado a 25 años de prisión por femicidio.
Enfrentó un proceso penal por haberse amotinado y participado en riñas dentro de Pavón en el 2015, donde 24 privados de libertad resultaron heridos.
Hernández fue trasladado al centro de detención de Cantel, Quetzaltenango, y es uno de los operadores de una banda de extorsionistas que llamaba a sus víctimas desde prisión.
También pide dejar Renovación 1 y retornar a Cantel.
“Donde operaban”
Luis Rodolfo Escobar, exdirector del Sistema Penitenciario (SP), comentó que los 37 reos que interpusieron las exhibiciones personales podrían conseguir volver a las prisiones desde donde operaban.
Agregó que los reos pueden alegar que su vida está en peligro o violaciones a sus derechos y un juez, luego de analizar, puede ordenar el traslado a otro penal.
Escobar recalcó que el Ministerio Público, el Organismo Judicial y el Ministerio de Gobernación deben trabajar juntos en este tipo de acciones para golpear las estructuras criminales que operan desde las prisiones.
“Si el juez no está en la misma sintonía en el sector justicia, en trabajar en equipo, definitivamente el plan del Ministerio de Gobernación no va a funcionar. Ellos —los reclusos— van a ser retornados a sus centros originales y solamente sería una cortina de humo”, enfatizó el exdirector del SP.
Señaló que, debido a las medidas de seguridad en Renovación 1, los sentenciados no pueden operar o seguir haciendo llamadas extorsivas, porque su estructura perdió fuerza.
Además, mencionó que este tipo de traslados se pueden realizar sin la autorización de un juez, pero los privados de libertad pueden accionar legalmente.
“Los traslados se pueden hacer bajo el artículo 8 de la Ley del Régimen Penitenciario; lo puede ordenar en forma directa el director del Sistema Penitenciario por diferentes motivos, entre ellos, por una emergencia o por cuestiones de conducta”, recalcó Escobar.
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