Esta es solo una parte del patrimonio de quien fue llamado por el diario New York Times como el Rey de las cárceles.
Lima Oliva fue condenado el 8 de junio del 2001 a 30 años de prisión como uno de los responsables de la muerte de monseñor Juan José Gerardi, ocurrida el 26 de abril de 1998.
A mediados del 2008 “empezó a enriquecerse de forma extraña”, confiaron fuentes de la Fiscalía. Fue la época que coincidió con la detención de ciertos narcotraficantes y lavadores de dinero “que no sonaron mucho pero que manejaban fuertes sumas de dinero”, indicaron.
Los análisis de los informes financieros presentados por la Fiscalía contra el Lavado de Dinero revelaron que entre febrero y octubre del 2009 el capital de Lima Oliva aumentó de manera considerable.
“Empezó a comprar inmuebles y canceló sus deudas. Cuando era capitán del Ejército no llegó a devengar más de Q8 mil y su situación económica desmejoró cuando fue detenido”, indicaron las fuentes. La institución castrense le entregó de junto su jubilación por una suma aproximada de Q250 mil en el 2013, agregaron.
La Fiscalía estima que Lima Oliva obtuvo ingresos no justificados en los cuatro años anteriores al pago de su jubilación, para comprar propiedades por US$10 millones por medio de testaferros, trabajadores y familiares.
Al menos dos inmuebles fueron cancelados con ayuda de su esposa, Alejandra Saraí Reyes Ochoa, indicaron.
Uno de los trabajadores del militar que devengaba Q1 mil 500 resultó ser el comprador de un chalé valorado en Q3 millones, con piscina y jacuzzi. Entre sus bienes figuran, además, dos casas en la zona 17, valuadas en US$1 millón cada una, según las pesquisas.
A partir de estos análisis y un extenso cruce de información que abarca una decena de cuentas bancarias, incluidas las de algunos políticos, Lima Oliva empezó a ser investigado dentro de una causal que se llama mezcla de bienes —relación de capital lícito con ilícito—, refieren las fuentes.
Los tres comercios con los que se le vincula tampoco justificaban esas rentas y los investigadores consideran que la cooperativa en la cárcel, de la que era representante legal, nunca generó ingresos millonarios.
A la orilla del mar
Entre las solicitudes entregadas el viernes para extinguir la propiedad de bienes de Lima Oliva figura un lujoso chalé en San Marino, valorado en US$320 mil.
La ruta del dinero con que se compró el inmueble les indicó a los fiscales que fue depositado en cuentas bancarias y con posterioridad se compraron cheques de caja, durante tres días, en mayo del 2009.
“El propietario nunca supo quién se lo compraba, pues el negocio se hizo por medio de una promotora de bienes muy reconocida”, detalló una fuente. En ese entonces las empresas de bienes raíces no eran “personas obligadas” ante la Intendencia de Verificación Especial.
¿De dónde provenían entonces los ingresos? Durante los dos allanamientos efectuados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Fiscalía contra el Lavado de Dinero, en la bartolina de Lima Oliva, uno antes y otro después de su muerte, se encontraron leitz ordenados con calificaciones de sus alumnos de los cursos de portugués que impartía en la prisión; perfiles de otros reclusos, escolaridad, familia, cobros por servicios dentro del penal e incluso una planilla de 20 trabajadores que incluía pilotos y abogados.
El hallazgo y testimonios de reos permitieron descubrir cobros como Q500 por ingresar una botella de Whisky o US$12 mil por traslado de reos.
Según la Fiscalía, también se sumaba lo obtenido de pequeños buses, camiones y mototaxis, incluso fletes, a la puerta del penal, dinero que fue colocado en cuentas personales o de testaferros.
Industria de belleza
Las escuchas telefónicas y seguimientos también fueron claves para determinar la existencia y funcionamiento de un salón de belleza y una agencia de modelaje en la zona 10, a cargo de la esposa del reo.
Allí se encontró una camioneta a nombre de Danton, S.A., vinculada con el supuesto narcotraficante Antonio Yáñez Ochoa, alias el Mexicano.
Las empleadas de la agencia de modelaje, algunas de ellas extranjeras, ofrecían sus servicios como edecanes a compañías de bebidas, bancos, partidos políticos y a la vuelta ciclística. También concurrían a fiestas de ministros y políticos, según fiscales.
Gusto por equinos
Troya y Espartaco fueron dos de nueve caballos de alta escuela descubiertos durante un cateo en Zaragoza, Chimaltenango, en la finca del supuesto narcotraficante Jorge Luis Meléndez, alias el Señor de los Caballos. Algunos de esos animales estaban valuados en US$80 mil.
En mayo del 2012 se hicieron dos subastas públicas, relataron los fiscales, a las que se presentó Cristian René Picón, excompañero de promoción de Lima Oliva, a quien utilizó como testaferro para recuperarlos. También acudieron familiares de empleados de confianza.
Después de la subasta, para acreditar los caballos era requisito presentar una solvencia económica o ser el titular de los bienes, para evitar investigaciones. Por medio de contratos, los animales le fueron donados a Picón.
Los nuevos “dueños” entregaron un mandato en el que indicaban que Picón sería el responsable del cuidado, pagos y manutención, se indicó. Pero la fiscalía detectó que la esposa de Lima Oliva y su padre eran quienes, con cheques personales, pagaban la estadía de los caballos en la escuela de equitación, cada mes. Cuatro meses después de la subasta pasaron a titularidad de hijas y personas de confianza del reo.
Los caballos fueron recuperados por la Unidad de Extinción de Dominio, en febrero del 2016, y finalmente la Secretaría Nacional para la Administración de Bienes en Extinción de Dominio obtuvo Q50 mil por unos escuálidos equinos hacia los cuales los dueños originales perdieron interés.
Prensa Libre llamó varias veces a Luis Lima Oliva, hermano de Byron, para obtener su versión, pero su celular estaba apagado.
El principio del fin
En septiembre del 2014, en un operativo conjunto, fueron capturados siete integrantes de una estructura criminal que involucró al entonces director del Sistema Penitenciario, Édgar Camargo Liere, y a Byron Miguel Lima Oliva, sindicados de efectuar cobros ilegales en las cárceles.
El jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez Gómez, informó en conferencia de prensa que la investigación tuvo como eje central “el descubrimiento de esos poderes paralelos y sus relaciones con particulares, entre los cuales se mencionan intermediarios o gestores de las propias autoridades del Sistema Penitenciario”.
Entre los detenidos había funcionarios de Presidios, exconvictos y particulares.
En esa conferencia de prensa estuvo presente el entonces ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, quien aseguró: “Hay una firme convicción de que es un tema de justicia y lucha contra la impunidad, en el cual se realizó una investigación”.
Al mismo tiempo prometió seguir con el proceso en contra de los sindicados.
El viernes último se oficializó que López Bonilla es requerido por narcotráfico en la Corte Distrital de Columbia, EE. UU.
