Otros comunitarios piden ayuda para resolver disputas de tierras, o como Andrés Xelp, un agricultor que solicitó a la autoridad forzar a su hijo a volver a su casa.
Las autoridades indígenas, electas generalmente sin vínculos políticos, escuchan los casos y tratan de encontrar soluciones rápidas cuando pueden. Cuando son casos de mayor impacto o delitos graves, los remiten a la fiscalía — como el de una joven que en su idioma Kaqchikel les contó que fue violada.
Solamente aquí, en Sololá, el “juzgado” indígena resolvió 3 mil casos en 2016.
Según un estudio del Organismo Judicial, al menos el 95% de las causas que conocen las autoridades indígenas tienen que ver con delimitación de tierras, violencia familiar y pensión alimenticia. Y se estima que las mujeres son quienes más acuden a ese sistema.
Durante generaciones, hubo un menosprecio por la justicia indígena, y en general por la cultura de los pueblos originarios. Según datos oficiales, el 42% de los 17 millones de habitantes en Guatemala se identifica como indígena, y actualmente hay un creciente respeto por sus formas tradicionales para resolver sus conflictos.
La Corte de Constitucionalidad ya ha reconocido un caso resuelto por las autoridades indígenas, y existe una propuesta para que la justicia indígena sea formalmente incluida y reconocida en la Constitución.
Un primer intentó para incluirla en la Constitución falló por solo dos votos en el Congreso en 2016. El sector empresarial se manifestó entonces en contra, bajo el argumento de que temen que haya confusión jurídica si diferentes sistemas judiciales coexisten.
El Congreso tiene programado para el miércoles discutir de nuevo una propuesta para reconocer en la Constitución la justicia indígena, como parte de una amplia reforma al sistema judicial guatemalteco. Para que se apruebe, se necesita el aval de al menos 105 de 158 legisladores.
La idea de su reconocimiento constitucional tiene el apoyo de la fiscal general Thelma Aldana y de Iván Velásquez, quién lidera la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un órgano de la ONU que colabora con las investigaciones de la fiscalía.
“Guatemala tiene que ser un país en el que quepan todos sus habitantes”, dijo Velásquez, quien hace poco visitó Sololá para conocer los procesos de justicia.
Aún si el Congreso lo aprobara, faltaría un paso: una consulta popular que avale la decisión.
El sistema legal formal a menudo ha explotado o ignorado a los indígenas guatemaltecos: estaban legalmente obligados a realizar trabajos forzados hasta entrado el siglo XX, y en la actualidad les es casi imposible pagar un abogado. Incluso ahora, sólo el 10% de los municipios del país tienen oficinas de la fiscalía.
A diferencia del sistema tradicional, la justicia indígena no necesita de abogados, traductores o pagos y en las comunidades mayas los tribunales indígenas son una alternativa más rápida para quienes buscan justicia a sus problemas cotidianos.
En Sololá, el alcalde Tomás Saloj preside varias de las audiencias en el “salón del pueblo”, decorado alrededor con los 20 nahuales o espíritus del calendario maya: 20 días por mes, 18 meses por año. En la mesa o “estrado” usado por las autoridades para resolver los casos, se colocan una vela y un vaso de agua para pedir a sus ancestros sabiduría.
Las sentencias o castigos pueden incluir resarcimiento, trabajo comunitario, destierro o azotes: dos chicotes o látigos de cuero trenzado cuelgan en la alcaldía de Sololá como recordatorio.
Agustín Bocel, vocal de la alcaldía de Sololá, recuerda un caso que le tocó resolver: el de un joven acusado de intento de violación. La joven que lo acusaba lo perdonó, pero la madre del victimario fue más allá y pidió castigarlo.
“Lo azotó 9 veces”, recuerda, “le dijo que era un latigazo por cada mes que lo llevó en su vientre, lo mucho que le dolía y avergonzaba que hubiera hecho eso”. Bocel aseguró que el joven no se ha metido en más problemas.
Tomás Guarcas, alcalde de Pixabaj, una aldea a ocho kilómetros de Sololá defiende la práctica de los azotes.
“Los golpes son como castigo, no violando los derechos humanos, es cómo educar a los hijos”, dijo Guarcas. Los azotes “siempre son aplicados por uno de los familiares del 'victimario', la madre, el padre, los suegros”, asegura Guarcas.
El congresista indígena Amilcar Pop aseguró, sin embargo, que cada vez son menos las comunidades que aplican ese castigo. “Ese tipo de mecanismos hay que buscar cómo controlarlos y evitarlos”, dice.
La fiscal general Aldana ha dicho que no ve contradicción entre un sistema de justicia legalmente reconocido y uno indígena.
“Contribuye directamente a mantener la paz. Impacta en el descongestionamiento y en la disminución de la carga presupuestaria del sistema de justicia ordinario”, dijo.
En Pixabal, una comunidad de la provincia de Sololá, una vez al mes se reúne un grupo de hombres en la plaza local. Junto con el alcalde comunitario y una empleada de salud, van de tienda en tienda verificando que no haya productos caducados.
“No les vendan nada que pueda enfermar a nuestra gente”, les dice el alcalde a los dueños de los pequeños negocios.
En la comunidad, de unos 20 mil habitantes, no hay policía ni juzgados tradicionales. Aquí, la autoridad indígena resuelve todo.
Victoria Chuj, es una de las tres mujeres entre los 71 alcaldes indígenas de la provincia de Sololá.
Por la calle la gente reconoce que es autoridad cuando porta la “Rub*ara”, o vara de madera, que representa su mando y en cuya punta tiene cuatro colgantes de color rojo, blanco, amarillo y negro que significan los cuatro puntos cardinales,
“La vara tiene que ser bien recta”, dijo Chuj. “Así como la justicia, no se dobla”.
