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En un comunicado, citando al portavoz Ned Price, el Departamento de Estado informó que Blinken sostuvo una llamada con el canciller guatemalteco, Pedro Brolo, en la que le hizo ver que “Estados Unidos continúa trabajando en estrecha colaboración con el Ministerio Público y la Feci para apoyar los esfuerzos anticorrupción”.
De acuerdo con la misiva, el secretario expresó su “profunda preocupación” por cualquier esfuerzo para abolir las oficinas anticorrupción, como esa fiscalía especial.
El gobierno de EE. UU. resaltó que la preservación de instituciones independientes que luchan contra la corrupción y la impunidad “es fundamental para abordar los desafíos a la seguridad, la prosperidad y la gobernabilidad en Guatemala”.
“Estados Unidos valora nuestra asociación con Guatemala y estamos siguiendo de cerca los recientes desafíos a los esfuerzos anticorrupción en Guatemala”, advirtió el Departamento de Estado.
En tanto, el Ministerio de Exteriores de Guatemala, sin mencionar a la Feci, confirmó que el secretario Blinken “trató entre otros asuntos, sobre la firme convicción del gobierno de Guatemala de fortalecer las instituciones, acción clave para la lucha contra la corrupción”.
“El canciller agradeció la cooperación que Estados Unidos brinda a Guatemala para avanzar en los mecanismos de transparencia y fortalecimiento del sector justicia”, agrega el texto.
“Ambos funcionarios manifestaron su satisfacción y optimismo respecto al éxito esperado de la reunión que sostendrán el lunes el presidente Alejandro Giammattei y la vicepresidenta Kamala Harris”, enfatiza.
El Gobierno de Joe Biden ha advertido reiteradamente, a través de sus emisarios y funcionarios, que la lucha contra la corrupción en la región es uno de los pilares de su gobierno para erradicar la migración desde sus raíces.
El miércoles último, la Corte de Constitucionalidad dio trámite a una acción de inconstitucionalidad que busca eliminar el acuerdo que dio vida a la Feci.
La acción fue presentada por el abogado Otto Gómez, quien afirma que la Fiscalía ha actuado en forma ilegal.
Otto Gómez es un profesional del derecho que ha figurado como defensor de personas involucradas en casos de corrupción y narcotráfico. Entre algunos de sus clientes se encuentran Anabella de León, exregistradora general de la propiedad y la progenitora de la exdiputada Emilene Mazariegos, ambas acusadas por investigaciones encabezadas por la Feci y la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.
