Los magistrados de la Cámara ampararon a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, que presentaron dos acciones contra la Sala de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo por no fundamentar su resolución que confirmó las medidas para Blanco Lapola, refiere un comunicado de la institución.
La resolución de la Cámara señala que queda en suspenso la libertad de la exfuncionaria, y que la Sala debe dictar un nuevo fallo en el que analice y fundamente cada uno de los agravios planteados por la Cicig y el MP del peligro de fuga, la obstaculización a la averiguación de la verdad y el retardo injustificado del proceso por parte de su defensa, añadió la Comisión.
ARGUMENTOS
“Este Tribunal advierte falta de fundamentación en el fallo que se estima agraviante en virtud de que la Sala no expuso los motivos de hecho y de derecho en que basó su decisión para confirmar la resolución de primera instancia, con lo que incumplió con su obligación que como tribunal de alzada le corresponde (…). Debió determinar los elementos que desvanecen el peligro de fuga y la obstaculización de la verdad, no únicamente indicando que por el hecho de ser mujer y por los vínculos familiares se asegura su permanencia en el país”, señala la resolución notificada el 07 de octubre del presente año.
Agrega: “Su obligación era emitir una resolución motivada, en la que se explicara si se daban los presupuestos legales necesarios para que la sindicada Marlene Raquel Blanco Lapola pudiera gozar de una medida sustitutiva (…). Debió pronunciarse sobre la totalidad de los agravios que le fueron expuestos por los apelantes, entre ellos el argumento que ha sido la misma defensa de la sindicada quien ha retardado injustificadamente el proceso”.
