Édgar Guerra, defensor del usuario, indicó que han recibido quejas al respecto, mas no denuncias, por el miedo que existe entre los afectados.
Guerra recordó que hace 10 años se hablaba de algunas rutas del transporte colectivo que eran extorsionadas, pero por la falta de atención de las autoridades, “este negocio” ilícito ganó terreno y ahora considera que el 70 por ciento de las unidades sufren acoso de bandas.
Cambian de víctimas
Luego de algunas acciones de las autoridades para desarticular bandas, “ahora estos grupos combinan varias actividades criminales”, dijo Guerra.
Alexánder Toro Maldonado, director de Presidios, indicó que en las requisas han encontrado chips y cargadores de baterías de teléfonos.
Betty Marroquín, de la Gremial de Telecomunicaciones, dijo que a los equipos hay que darles mantenimiento.
Raúl Alas, gerente de Comunicación de Telefónica, indicó que ellos ponen la parte técnica, pero el SP debe hacer cumplir la ley.
“Recientemente, el fenómeno que se ha dado es amenazar a vendedores de golosinas y comida que abordan el transporte colectivo”, afirmó Guerra.
La PDH tiene información de grupos organizados de vendedores, en especial en la ciudad, a quienes exigen Q50 semanales para permitirles trabajar.
El asedio ha llegado a los usuarios, pues en los últimos seis meses han proliferado grupos que operan en los alrededores de El Trébol y abordan unidades, principalmente las que cubren Chimaltenango, Quiché, otros destinos del occidente, Peronia y la 40R.
“Individuos, de entre 23 a 26 años, se suben a los buses y les indican a los pasajeros que prefieren pedir Q25 por persona que asaltarlos y hacerles daño”, aseguró.
Raúl Figueroa, de la Fiscalía contra las Extorsiones, refirió que hasta el 30 de septiembre último contabilizaban 200 denuncias de ese tipo de acciones contra el transporte, de mil 253 quejas por el mismo ilícito, pero no todos los transportistas denuncian.
“Si bien la extorsión es un delito de acción pública, que se puede investigar sin necesidad de que haya víctima, sí es necesario tener un agraviado al momento de presentar a los sindicados ante un juez, porque si no, salen libres”, dijo.
