La Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Penal designó a la jueza Verónica Elizabaeth Ruiz, presidenta del Tribunal Noveno de Sentencia Penal, como pesquisidora en contra del alcalde.
La jueza deberá comenzar a dirigir las pesquisas para conocer los señalamientos del Ministerio Público (MP) contra Quiñónez y las pruebas de descargo del jefe edil.
Una investigación del MP y la inhabilitada Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) señaló la existencia de una estructura de cooptación de la Municipalidad de Guatemala por parte de integrantes del PU.
La investigación reveló que el actual alcalde Ricardo Quiñónez y el ministro de Finanzas, Victor Martínez, habrían autorizado el uso de recursos públicos en el periodo 2011-2015 para favorecer las actividades de campaña del PU cuando ambos integraban el Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana (FAPU).
Quiñónez es señalado por los delitos de fraude y peculado. Según la imputación, él y Martínez habrían autorizado el pago de una consultoría por alrededor de Q1 millón a un asesor político de origen mexicano, Jesús Gómez Espejel, para diseñar una estrategia de campaña, entre 2012 y 2015, para promover el voto de los vecinos de Guatemala por el alcalde Álvaro Arzú, en el denominado “Plan Hormiga”.
Defensa
El alcalde, luego del anuncio del caso, previo a la primera vuelta de las elecciones generales, se defendió y dijo: “Estas acciones tienen un fin y un propósito, tiene que ver con afectar el proceso electoral a 48 horas de la realización de las elecciones. Esto es algo que no es aceptable. También hay que decir las cosas como son, se está utilizando de una manera irregular la infraestructura judicial para trata de afectar una campaña electoral. Con esto se demuestra que se esta utilizando espuriamente el sistema de justicia para dañar las elecciones, no sé si en beneficio de candidatos o en beneficio de intereses, pero el hecho es que a todos nos causa sorpresa, indignación, que estos hechos se den a pocas horas del proceso electoral, que perjudican no solo a una organización política, sino a la democracia, al país y a las elecciones”.
“El enlace”
Según las primeras indagaciones de la Fiscalía, “el enlace con la Municipalidad para gestionar las capacitaciones y cobros era Quiñónez Lemus y la señora Luisa María Salas Bedoya; ambos sabían la verdadera labor que realizaba el consultor”. Para el MP y la desaparecida Cicig la contratación de servicios de Gómez Espejel por casi Q1 millón “fue simulada como Capacitaciones sobre Liderazgo, Motivación y Desarrollo Personal del Recurso Humano de la Municipalidad de Guatemala”.
Entre los principales elementos de los señalamientos se encuentran los correos electrónicos intercambiados entre funcionarios de la municipalidad para coordinar actividades, que según la imputación, corresponde a actividades proselitistas del Partido Unionistas financiadas con recursos públicos.
Uno de los documentos incautados en los allanamientos y citados por el MP tiene por descripción: “Capacitación de Campaña Electoral” y fue impartido por el consultor mexicano en julio de 2012. Según el señalamiento, los elementos básicos del Plan Hormiga eran “desarrollo e implementación de técnicas electoralistas y de proselitismo (…) bajo la apariencia de capacitaciones de liderazgo”.
Dentro del Plan Hormiga, los documentos incautados por las autoridades señalan una estrategia que incluye la división del municipio de Guatemala en cuatro zonas identificadas con las siglas: A.R.Z.U., y según la Fiscalía recibía el nombre de “Hormiga” porque buscaba que los empleados municipales captaran seguidores para el partido.
“Para que los fondos del Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana fluyesen sin restricciones, se utilizó el engaño disfrazando los pagos de bienes y servicios para el Partido Unionista (facturas falsas). Asimismo, se colocó en el Comité Técnico del Fideicomiso a personeros municipales de alto nivel, quienes a su vez iban en las planillas para el Concejo Municipal en distintos cargos por el Partido Unionista. Es decir, ellos mismos “autorizaban” sus gastos de campaña electoral”, señalaron el MP y la Cicig.
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