La organización defensora de los derechos humanos, con sede en Nueva York, Estados Unidos, aseveró en su informe anual sobre el año 2021 que en Guatemala las “autoridades están impidiendo la transparencia y amenazan la independencia judicial”.
Específicamente, Human Rights Watch señaló al Congreso guatemalteco por su reticencia a llevar a cabo la elección de 251 jueces del Organismo Judicial, una designación que debió adelantarse en 2019.
Además, el informe puntualiza que el Parlamento se negó también en 2021 a juramentar a la magistrada Gloria Porras en el máximo tribunal del país, la Corte de Constitucionalidad, ya que Porras se había convertido en una férrea defensora de la lucha anticorrupción.
Actualmente la abogada se encuentra exiliada en Estados Unidos, tras no poder ser juramentada y tomar posesión del cargo.
De igual forma, la entidad defensora de los derechos humanos apuntó al Ministerio Público de Guatemala y su fiscal general, Consuelo Porras, por la remoción en julio de 2021 del fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, galardonado internacionalmente por su labor durante el último lustro.
Con la remoción de Sandoval, Porras “bloqueó o trató de bloquear varios casos que implicaban a funcionarios de alto rango”, subrayó HRW.
Porras fue sancionada en septiembre pasado por Estados Unidos, que decidió removerle su visa y prohibirle el ingreso a su territorio al acusarla de “obstruir la Justicia” en Guatemala.
Human Rights Watch también denunció que en septiembre la Corte de Constitucionalidad habilitó la prisión domiciliaria para personas sentenciadas a más de cinco años por corrupción estatal.
La entidad defensora de los derechos humanos enfatizó además que las amenazas a la independencia judicial nacen en parte por el final de la lucha anticorrupción en Guatemala tras la expulsión en 2018 de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), un ente de la Organización de Naciones Unidas que entre 2014 y 2018 encarceló a más de 200 funcionarios que se enriquecieron ilícitamente.
Por último, HRW también explicó en su informe que los jueces y abogados guatemaltecos, al igual que los periodistas del país centroamericano, enfrentan “grandes retos” debido a “posibles persecuciones judiciales espurias” por parte de las autoridades.
Al menos cuatro abogados protagonistas de la lucha contra la corrupción en Guatemala viven exiliados en Estados Unidos, incluida la exfiscal general Thelma Aldana (2014-2018), quien encarceló por sobornos millonarios al expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015), actualmente en prisión.
