El Ministro de la Defesa, Williams Mancilla, informó que se autorizó la donación de la finca La Cuya, de dos manzanas de terreno, ubicada a 450 metros de donde estará la urbanización Mi Querida Familia.
Ese terreno servirá para la construcción de una escuela, puesto de salud, subestación de la policía e iglesia para complementar la urbanización y así ayudar a los damnificados por el alud que sepultó El Cambray 2.
Mancilla indicó que el dinero para la escuela ya fue aprobado y es producto de una donación. También afirmó que ya tienen vía libre para la construcción de las viviendas y que los edificios para el nuevo terreno se harán luego de hacer los trámites de licencia.
En tanto, una finca incautada al narcotráfico en Izabal fue entregada al Ministerio de Gobernación para la construcción de una sede para la Fuerza de Tarea Chortí.
A la cartera de Defensa se le entregó otra finca ubicada en Escuintla, al Ministerio Público (MP), cinco inmuebles para oficinas, y al Organismo Judicial (OJ), cinco vehículos.
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El Conabed también repartió Q5 millones 712 mil 338 quetzales (unos US$749 mil 650 dólares), y otros US$264.257 dólares en efectivo entre las instituciones de seguridad y justicia.
Distribución
Según la Ley de Extinción de Dominio, al OJ le correspondió el 25 por ciento, al MP 20 por ciento, al Ministerio de Gobernación 18 por ciento, a la secretaria de la Conabed 15 por ciento y a la Procuraduría General de la Nación 2 por ciento.
Mientras que el otro 20 por ciento se entregó en partes iguales para las unidades de métodos especiales de investigación del MP y los ministerios de Gobernación y de Defensa, respectivamente.
El vicepresidente electo, Jafeth Cabrera, comentó al término de la reunión que está de acuerdo en la forma de repartir los bienes incautados al crimen organizado.
“Es un tema bastante importante, estoy conociendo la Ley porque no la conocía”, admitió.
La participación de Cabrera en esta reunión forma parte del proceso de transición de mando del actual gobierno que encabeza el presidente Alejandro Maldonado hacia las nuevas autoridades que asumirán el poder el 14 de enero de 2016 para un periodo de cuatro años.
