La pieza 39, según Aifán, tiene unos 200 folios y estuvo bajo responsabilidad de la oficial Tatiana Guzmán, quien ha denunciado a la jueza por “malos tratos” en la relación laboral, queja a la que se han sumado otros cuatro empleados de ese juzgado a la queja.
Esta semana el juzgado ha suspendido siete audiencias debido a inasistencia del personal a laborar durante la semana. El lunes pasado faltaron cinco personas y desde el martes hay ausencia de una oficial y del notificador.
La Corte Suprema de Justicia no se ha pronunciado por lo que ocurre en el juzgado y el Régimen Disciplinario analiza las denuncias.
Aifán ve una demora en el avance de los casos de alto impacto y ha considerado la posibilidad de que otras judicaturas le cedan personal temporalmente y continuar con el trabajo.
Caso Fénix
El caso Fénix fue reabierto por la Fiscalía Especial contra la Impunidad el 12 de abril pasado con la captura de 10 implicados, entre ellos Sergio Alfredo Herrera Acevedo, hijo del operador político Gustavo Herrera Castillo, prófugo actualmente.
Este caso es la continuación del desfalco por Q350 millones al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de 2003, donde particulares y empresas utilizaron sociedades anónimas, limitadas y entidades fuera de plaza para lavar dinero obtenido de manera ilícita.
Ahora son señalados por lavado de dinero Gustavo Herrera, cerebro del desfalco y asilado en Nicaragua; también están señaladas 31 personas más, de las cuales 12 están en prisión preventiva, otras 12 citadas a audiencia de primera declaración y cinco prófugos.
La investigación conjunta entre la Feci y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) concluyó en que personas individuales y representantes de 20 firmas comerciales que, supuestamente, conformaron una organización criminal que utilizó diferentes tipos de empresas para lavar dinero obtenido de manera ilícita.
Los fondos que se habrían lavado fueron sustraídos de un fideicomiso llamado de Protección y Desarrollo Social, que se había formalizado entre el IGSS, el Grupo Empresarial Univserv, S.A. y Banco Uno S.A.
El MP sindicó a Herrera Castillo de ser el propietario de dos entidades financieras, Helensburg Inc. y Escabel Management Group Ltd., que habría utilizado para la estafa al Seguro Social.
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