Erick Castillo, el abogado auxiliante de la asociación, informó que la acción va dirigida contra el presidente de la República y la comisión antes referida por la amenaza que jueces y juezas con más de 10 años de ejercicio profesional no sean tomados en cuenta.
Esto vulneraría los artículos 207, 216 y 251 de la Constitución “que garantizan que todos los jueces puedan ejercer su derecho político a ser electos”, dijo.
“De concretarse las amenazas a que sean excluidas, se sentaría un grave precedente considerando que la Corte de Constitucionalidad tiene que garantizarle a todos los abogados colegiados activos su derecho político de aspirar y ser electos como fiscal general de la república”, dijo.
Además, pidió a la CC que se anule la resolución dictada en el expediente 833-2022 en la cual señala que los jueces de primera instancia no pueden participar ya que “desatiende la jurisprudencia que ya sentó la Corte de Constitucionalidad”, dijo.
Esta acción se deriva de un amparo provisional que otorgó la Corte de Constitucionalidad a favor del abogado Raúl Falla, de la Fundación contra el Terrorismo, que detalla que los jueces no cumplen con el ejercicio de la abogacía y por ende no llenan los requisitos para ser fiscal general.
El último día para la recepción de expedientes finaliza este 21 de febrero.
