La investigación del MP, con apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), señala que la campaña presidencial de la UNE en el 2015 habría recibido fondos de los cobros ilegales para la agilización de la devolución del crédito fiscal realizados por Leal Castillo. El exvicepresidenciable se encuentra prófugo por el caso conocido como Traficantes de Influencias.
Según la acusación, al menos Q3.4 millones, fruto de las coimas cobradas por Leal Castillo, habrían llegado a la campaña de la UNE. La investigación apunta a que las entidades Maariv, S. A., y Promotora de Recursos Habitacionales, S. A., fueron utilizadas para canalizar esos recursos. El dinero habría salido de Ingeniería Integral, S. A., una empresa de Marlon Estuardo Marroquín Silva, hijo del operador externo del caso La Línea Giovanni Marroquín Navas.
Por ese caso también el MP solicitó que le sea retirada la inmunidad a los diputados Karina Paz, Jairo Flores, Jorge Vargas Morales y Julio César Ixcamey, y a los alcaldes Pedro Raymundo Cobo, de Nebaj, y Ángel Guarcas, de Chiché, Quiché.
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El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Juan Francisco Sandoval, explicó en rueda de prensa que la investigación se originó en las pesquisas de Traficantes de Influencias y prosiguió con el rastreo del dinero cobrado en este caso.
El MP efectuó 21 allanamientos, incluyendo la sede del partido UNE. En total, los aportes identificados como “no reportados” ante el TSE por esa agrupación en la pasada campaña suman Q19.53 millones.
Torres, en conferencia realizada junto a diputados de su bloque legislativo, ha negado su responsabilidad en esos hechos y acusa a la anterior fiscal general Thelma Aldana de estar detrás de la acusación. “Es una denuncia espuria y totalmente política”, manifestó Torres.
Fuentes cercanas a la investigación señalan que las pesquisas avanzaron durante todo el año pasado y habrían concluido a finales del 2018.
El entramado
Las tres empresas que concentran los aportes no registrados por el partido UNE, según la acusación del MP son: Promotora de Recursos Habitacionales (Prohabsa), Maariv y Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe. Las primeras tendrían varias conexiones empresariales con Leal Castillo y la última con el diputado de la UNE Julio César Ixcamey.
Prohabsa habría canalizado fondos por Q5 millones 791 mil 824.35; Maariv, por Q9 millones 64 mil, y Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe, Q4 millones 653 mil 315.
Además, se habría conducido a través de terceras entidades Q122 mil 613.75 empleados para comprar espacios publicitarios en TVA Guatemala (TV Azteca) usados en el 2015.
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En el caso de Prohabsa, la investigación de la Feci señala que sus cuentas fueron utilizadas para captar fondos para la campaña. Los ingresos en el 2015 de la entidad ascendieron a Q7 millones 670 mil 898.61, de los cuales Q5 millones 691 mil 824.35 provinieron de tres entidades: Compañía Agrícola Industrial Solesa, S. A.; Ingeniería Integral, S.A., y Comercializadora Kutno, S. A.
La acusación señala que el entramado de empresas fue diseñado para ocultar el origen real de los fondos. Así, por ejemplo, Grupo Inmobiliario San Felipe, S. A., trasladó a Compañía Agrícola Industrial Solesa, S. A.,
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Q1 millón 750 mil mediante un cheque con la anotación al anverso: “Campaña Une”. Esta empresa, luego, trasladó Q1 millón 733 mil 416.51 a Prohabsa.
¿Qué dice el artículo 407 N, financiamiento electoral ilícito?: “La persona individual o jurídica que aporte, reciba o autorice recibir recursos destinados al financiamiento de organizaciones políticas o sus candidatos, con motivo de actividades permanentes, de campañas y eventos electorales, a sabiendas que dichos aportes o recursos provienen del crimen organizado, lavado de dinero o cualquiera otra actividad calificada como delito por el Código Penal y demás leyes conexas, será sancionado con prisión de cuatro a doce años inconmutables y multa de doscientos a quinientos mil quetzales (...) se le inhabilitará para optar a cargos públicos”.
Después, personas individuales y jurídicas habrían retirado estos fondos de las cuentas de Prohabsa y destinado estos recursos a la campaña electoral. En este punto, el dinero en efectivo podía ser utilizado para la compra de pintura, la organización de mítines u otras actividades de promoción de los candidatos.
El representante legal de Maariv, Luis Fernando Pérez Vargas, quien se encuentra pendiente de captura, operaba de forma similar, según la acusación. El análisis financiero de los investigadores registra que en abril del 2015 un cheque emitido por Ingeniería Integral a favor de Maariv ocupó parte de las comisiones ilegales para la agilización de la devolución del crédito fiscal de las entidades Reforestadora de Palmas de Petén, S. A., y Productos y Servicios Azucareros, S. A.
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Más tarde, el 29 de mayo del 2015, “la entidad Maariv, S. A., —con fondos ilícitos recibidos de la empresa Ingeniería Integral S.A.— emitió el cheque 16816576, por Q500,000, a favor de GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL UNE, lo cual permite identificar el verdadero objeto del traslado de fondos”, señala la presentación de la Cicig.
La declaración testimonial de Gustavo Alejos Jansa, hijo del ex secretario privado de la Presidencia Gustavo Alejos Cámbara, indica, según el reporte de la Cicig, “cómo la empresa Maariv, S. A., es una entidad que fue utilizada en el año 2015 para llevar unas cuentas bancarias paralelas a la cuenta oficial de la campaña del partido político UNE, para recibir fondos de campaña que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral”.
Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe, por otra parte, también figura como un financista electoral lícito ante el TSE, pero a través de otras entidades canalizó fondos a la campaña de la UNE.
La empresa, cuyo representante legal es el diputado Ixcamey, justificó un aporte de Q1 millón 700 mil a Maariv registrando la operación en “cuentas por cobrar”. Sin embargo, al allanar la oficina del contador del Grupo San Felipe, no se encontraron documentos que comprobaran esta operación.
El análisis financiero de la investigación concluye que el supuesto préstamo fue utilizado para justificar un aporte a la campaña.
Ruta de la investigación
Los primeros indicios para el nuevo caso contra la UNE se recopilaron junto con el de Traficantes de Influencias. En enero del 2018, luego de la presentación de este, los investigadores continuaron las averiguaciones, siguiendo la ruta de los recursos cobrados por la presunta estructura de sobornos para agilizar la devolución del crédito fiscal.
La presentación del caso divulgado por la Cicig en su sitio web detalla el cruce de información bancaria para seguir la ruta de las transacciones financieras, con la información brindada por el partido al TSE, así como el uso de declaraciones juradas de involucrados en el caso para comprender las interioridades del manejo de los recursos de campaña de la UNE.
Una vez recopilada la información, los investigadores procedieron a analizar los registros y relacionar la documentación incautada en allanamientos con las declaraciones juradas de las personas citadas por la fiscalía.
Entre las conclusiones se incluyó la simulación de relaciones comerciales o préstamos para ocultar aportes.
Reunión con Torres
¿Qué dice el artículo 407 O. Financiamiento electoral no registrado?: “Quien consienta o reciba aportaciones. con motivo de actividades permanentes o de campaña electoral y no las reporte a la organización política para su registro contable, será sancionado con prisión de uno a cinco años y multa de veinte mil a cien mil quetzales. Quien realice aportaciones dinerarias o en especie a las Organizaciones Políticas (...) según los procedimientos establecidos en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, será sancionado con prisión de uno a cinco años y multa del cien por ciento de la cantidad no registrada e inhabilitación para ser contratista y proveedor (...)”
La acusación también detalla en la declaración jurada del directivo de Unipharm, Per Michal Erichsen, un aporte de Q250 mil en primera vuelta y de la misma cifra en segunda vuelta. En esta ocasión, fue luego de una reunión con Torres a instancia de Leal Castillo. Se buscó el comentario de Erichsen respecto a esta reunión, pero no fue posible contactarlo en las oficinas de la empresa.
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Este dinero, según la imputación del MP, habría sido utilizado para pagar servicios de publicidad con conocimiento de la candidata presidencial, sin registrarlo al TSE.
De momento, Torres solo se encuentra acusada de los delitos de financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita.
El de financiamiento electoral ilícito fue reformado el 18 de octubre, elevando la carga de la prueba para acusar al secretario general del partido. La reforma fue aprobada luego de una moción privilegiada del diputado de la UNE Marco Lemus y los votos de los bloques mayoritarios.
El origen del caso
La Línea
El caso madre de muchas de las investigaciones de alto impacto del MP y la Cicig sigue siendo La Línea, destapado en el 2015.
En esta investigación se detectó una estructura de cobros ilegales para agilizar o reducir los cobros aduaneros en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Como parte de la estructura externa se identificó a Giovanni Marroquín Navas, un operador que conectaba, según la acusación, a una red de cobros ilegales externa a la SAT con el superintendente de la institución y otros funcionarios. Fue procesado por los casos La Línea, Aceros de Guatemala y Traficantes de Influencias. El miércoles último obtuvo la libertad condicional por el caso La Línea, pero continuará en prisión por el caso Traficantes de Influencias.
Este caso fue el origen de la caída del gobierno del Partido Patriota, al evidenciarse los nexos entre la estructura criminal, el presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti, conduciendo luego a la renuncia de ambos.
Negociantes de la Salud
Esa investigación relacionó al ex secretario privado de la Presidencia, Gustavo Alejos Cámbara, con presuntos cobros ilegales. La indagación surgió en el 2016.
La pesquisa de la Fiscalía siguió a una presunta estructura de corrupción que operaba en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
Por este caso hay a la fecha 19 sindicados, entre ellos Alejos Cámbara, acusado de asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho activo en forma continuada.
Intercepciones telefónicas brindaron elementos para la investigación por financiamiento electoral ilícito. De manera extraoficial se conoce que en al menos una de estas interceptaciones Alejos se habría comunicado con Sandra Torres para hablar sobre financiamiento al partido UNE.
Alejos Cámbara se encuentra procesado por los casos Negociantes de la Salud, Cooptación del Estado y Transurbano. Había recuperado su libertad, pero ayer fue aprehendido por este nuevo caso.
En la investigación sobre el financiamiento a la UNE se consigna la declaración jurada de su hijo, Gustavo Andrés Alejos Jansa, sobre un aporte por Q500 mil.
Traficantes de influencias
En enero del 2018, salió a luz este caso, derivado de las escuchas telefónicas e información documental de La Línea.
El 25 de enero del año pasado, el MP y la Cicig solicitaron orden de captura contra el vicepresidenciable de la UNE en el 2015, Mario Leal Castillo, señalado de ser uno de los intermediarios de una red de corrupción para agilizar el crédito fiscal a empresas. Escuchas telefónicas se incluyeron en la actual investigación contra la UNE.
Leal Castillo era, según la imputación, la conexión entre Giovanni Marroquín y empresarios que buscaban usar sus servicios. Por este caso también se solicitó el retiro de antejuicio contra el diputado Felipe Alejos, de Todos; sin embargo, la Corte Suprema de Justicia decidió no retirarle la inmunidad.
Leal Castillo fue financista del Partido Patriota durante la campaña del 2011 y más tarde secretario de Asuntos Específicos del presidente Otto Pérez Molina.
En el 2015, fue candidato a la Vicepresidencia por la UNE, y desde el 2016 se reporta fuera del país. Continúa prófugo.
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