La discusión se mantiene sobre la posibilidad de enviar a los procesados a prisión preventiva o imponerles condiciones para mantenerse en libertad, como arresto domiciliario, entre otras medidas sustitutivas.
Durante la jornada de ayer se escuchó a los abogados defensores explicar al juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, que los procesados tienen obligaciones con sus familias, lo cual les impide fugarse.
Otro argumento de los profesionales del Derecho fue que la ley ordena que la prisión sea dictada solo en las ocasiones en que sea necesario y que los sospechosos no tienen perfil delictivo con anterioridad, por lo que solicitaron al juzgador razonar de manera adecuada su resolución.
El empresario Gustavo Alejos Cámbara explicó que sostiene económicamente a su esposa e hijas, por lo cual sería “ilógico” creer que se ausentará del proceso, como lo señaló el Ministerio Público.
La defensa del exministro de Agricultura Edín Barrientos aseguró al juez que el señalado es una persona de la tercera edad, por lo cual no se puede pensar que huirá, y que él es el principal interesado en solventar su situación legal.
La abogada Karla Victoria Gobern, representante legal de Daniel Juan Pablo Pellecer, exasistente de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, manifestó que a su cliente le fue retirada la visa para ingresar en Estados Unidos, y que si la Fiscalía teme que ese pueda ser uno de los lugares a los que huya, queda desvanecido el hecho por la anulación del derecho de paso migratorio del procesado.
El exgerente bancario Juan Abner Fonseca Galicia dijo al juez que perdió su trabajo después de haber sido capturado.
“Con este proceso se acabó mi carrera en la banca. Yo comencé en esta área como receptor-pagador en un banco y ocupé varios cargos en diferentes instituciones, hasta llegar a ser el gerente general”, enfatizó.
Confía en juez
El expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) Juan de Dios Rodríguez manifestó que confía en su conocimiento y experiencia en el sistema judicial, por lo cual acepta sus resoluciones.
Rodríguez indicó que si el juez de Mayor Riesgo B permite que los procesados permanezcan en libertad, ninguno huirá porque son personas honestas, según las calificó.
El exfuncionario recordó a Gálvez que la legislación señala que la prisión preventiva es la última medida que debe ser considerada por un juzgador contra un sindicado, pero que respetará su decisión.
