Justicia
Aplazan audiencia de primera declaración de Ligia Hernández y la envían a Matamoros
La directora del Instituto de la Víctima, Ligia Hernández, detenida por el caso Semilla, no ha sido escuchada en primera declaración y el juez Fredy Orellana solicitó su expediente.
Ligia Hernández, directora del Instituto de la Víctima, permanece en prisión preventiva. (Foto Prensa Libre: Daniel Samayoa)
A más de 24 horas de haber sido detenida, Ligia Hernández, directora del Instituto de la Víctima, no ha sido escuchada en primera declaración debido a que el juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, solicitó su expediente, pese a que este debía ser conocido por un juez de turno, informó la defensa de la funcionaria.
Juan José Zaghi, abogado de Hernández, vinculada por el Ministerio Público (MP) al caso Corrupción Semilla, cuestionó que la audiencia haya sido aplazada, pues de forma tentativa esta se programó para el 16 de agosto próximo, lo que calificó como vulneración del derecho de defensa.
Hernández, quien es señalada por el Ministerio Público del delito de financiamiento electoral no registrado, fue enviada a la prisión del cuartel Matamoros, pese a que su defensa solicitó que permaneciera en la carceleta de la Torre de Tribunales a la espera de la audiencia de primera declaración.
“Se interpuso una exhibición personal a favor de Hernández porque se vulneraba su derecho de defensa”, dijo el defensor, quien lamentó que el juez Fredy Orellana solicitara el expediente, cuando el pasado lunes una jueza ordenó que fuera escuchada este martes en un juzgado de turno.
Agregó que tentativamente la audiencia de primera declaración será el 16 de agosto, pero no han sido notificados.
“No sabemos el motivo por el que el juez está solicitando el expediente toda vez que ella fue detenida en hora inhábil”, reiteró el profesional, quien añadió que “vemos una mala intención de que mi patrocinada sea afecta en sus derechos”.
Zaghi calificó de preocupante que no se haya acatado la resolución de la jueza de turno, por lo que Hernández seguirá en prisión preventiva.
Hernández por su parte dijo que el atraso en la primera declaración es parte del “actuar ilegal” del Juzgado Séptimo.
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) inició en 2023 una investigación contra Semilla después de que Bernardo Arévalo pasara a segunda vuelta electoral.
El caso se basa en supuestas anomalías en la formación del partido, entre ellas una presunta trama de lavado de dinero por la que la Fiscalía también ha buscado retirarle la inmunidad a Arévalo.
Semilla está suspendido por orden de Orellana, juez sancionado por Estados Unidos al considerarlo "corrupto".
El gobierno de Arévalo condenó en un comunicado la detención de Hernández con "cargos de casos espurios, bajo investigaciones reservadas con secreto y sin apego a nuestras leyes".
"Las investigaciones de la FECI y las actuaciones del juez Orellana no tienen ninguna credibilidad y por eso, estamos seguros de su inocencia y la de cualquier otro imputado en los casos que estas agencias plantean", sostuvo la nota.
Según el boletín, varios organismos internacionales han advertido que "actores antidemocráticos atrincherados en el Ministerio Público buscan atacar instituciones democráticas y afectar la seguridad nacional".
Hernández, de 42 años, fue diputada de Semilla junto a Arévalo entre 2020 y 2024 y el 1 de febrero pasado fue nombrada por el presidente para dirigir el Instituto de la Víctima, encargado de asistir a personas afectadas por delitos en el acceso a la justicia y reparación digna.
"Este desesperado ataque [de la fiscalía] no representa más que el deseo perverso de callar, oprimir, extinguir, todo intento por recuperar nuestro país que sigue capturado por un grupito de criminales", indicó la funcionaria minutos antes de ser detenida en su despacho, en un video publicado en la red social X.
Arévalo mantiene una pugna con la fiscal general, Consuelo Porras, considerada "corrupta" y "antidemocrática" por Estados Unidos y la Unión Europea.
Arévalo no posee las facultades para destituir a la fiscal y presentó una iniciativa de ley al Congreso para poder hacerlo, pero el proyecto no ha avanzado.
Por el contrario, Porras le pidió a la máxima instancia de justicia procesar al mandatario por intentar removerla.
