El 27 de septiembre, el MP, luego de la denuncia de una organización humanitaria, presentó una solicitud de antejuicio contra el mandatario por la posible comisión de hechos que podrían dar lugar a formación de causa penal, abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito.
Esta petición, presentada por medio de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos ante Gestión Penal del Organismo Judicial, se realizaba después de un “reporte de transacción sospechosa” de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) y de la denuncia presentada por la organización humanitaria Grupo de Apoyo Mutuo (GAM).
Esta solicitud fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 11 de octubre, al entender que el tema ya se había resuelto cuando el mandatario devolvió el dinero, algo que no comparte la Fiscalía y que motivó la presentación del recurso ante la CC.
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El presidente Morales, en su calidad de comandante general, recibió mensualmente Q50 mil; el exministro de Defensa, Williams Mansilla Q45 mil; el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Erick Servando Cano, Q40 mil; y tres de los viceministros de Defensa, Q35 mil cada uno.
Luego de conocerse, la Contraloría General de Cuentas (CGC) constituyó de inmediato una auditoría para indagar lo sucedido y ordenó al mandatario explicar por qué recibía el bono o, de lo contrario, que devolviera los Q450 mil cobrados desde diciembre de 2016, algo que hizo Morales el pasado día 14 de septiembre.
Mansilla, acusado de los delitos de abuso de autoridad, peculado por sustracción y enriquecimiento ilícito, fue detenido este viernes en su residencia por la aprobación del acuerdo administrativo interno 10-2016, emitido el 1 de enero de 2016 y mediante el cual se aprobaba el pago del bono a Morales.
