El 21 de noviembre último, después de cuatro años de retraso y cinco horas de votación, el pleno del Congreso finalizó la elección de los 135 magistrados titulares de las Salas de Apelaciones.
Importancia
Para Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Projusticia, las Cortes de Apelaciones son esenciales para la administración de justicia porque son las que conocen amparos importantes para defenderse de decisiones que se toman en el “marco del poder público”.
“Conocen las resoluciones judiciales en los ámbitos, penales, civiles, mercantiles, laborales, de niñez entre otros. Son una instancia de apelación en donde se pueden enmendar las decisiones de jueces que sean consideradas erróneas”, acotó.
Ibarra destacó que las Salas de Apelaciones conocen antejuicios en contra de jueces y contra los mismos magistrados de esas cortes.
“Constituyen en gran medida el corazón del sistema de justicia. Lamentablemente han estado cooptadas por magistrados que responden a los intereses de la alianza política dominante que influyen principalmente en los magistrados del ramo penal, pero también hay magistrados del ramo civil que han participado en la toma de decisiones espurias”, señaló Ibarra.
Actualmente son 46 Salas de Apelaciones si se toma en cuenta una recién inaugurada. Cada Sala está presidida por tres magistrados titulares y dos suplentes.
Señalados
Algunos de los magistrados electos que presiden las Cortes de Apelaciones son cuestionados por sus resoluciones en casos de impacto y porque el Ministerio Público y la entonces Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), los señala de intentar manipular la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), caso al que se le denominó “Comisiones Paralelas 202”.
Los señalamientos van desde reuniones personales o llamadas telefónicas con Gustavo Alejos, exsecretario privado de la presidencia en el gobierno de Álvaro Colom, e implicado en varios casos de corrupción.
Doce de los magistrados de las Salas de Apelaciones integran las comisiones que nominan a los aspirantes a magistrados de la CSJ, razón por la cual son objeto de críticas , señalados de obedecer a manipulaciones, principalmente políticas, a cambio de permanecer en el cargo por medio de la reelección.
“Los magistrados de las salas de apelaciones que integran esa comisión pueden entrar en negocios con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para nominarse mutuamente, tu me nóminas yo te nomino, por eso resultan en negociaciones espurias como en el caso comisiones paralelas”, señala.
“En el caso de comisiones paralelas. Hubo magistrados de apelación a los cuales se les presentó antejuicio y fueron rechazados in límine por la Corte Suprema de Justicia”, agregó.
Sin credibilidad
Para la exmagistrada de la CSJ, Yolanda Pérez Ruiz, el sistema judicial ha perdido credibilidad y “nadie cree en los jueces y prueba de ello es que la gente busca solventar sus problemas por sus medios”.
“Las Salas de Apelaciones son el corazón del sistema judicial guatemalteco, son las que hacen la interpretación de si la sentencias en primer grado aplicaron o no el derecho”, puntualizó.
Pérez Ruíz, sostiene que la “sanidad” del sistema de justicia depende de la idoneidad e integridad de la Corte de Apelaciones.
“La trascendencia de la corte de apelaciones es mucho mayor que la de la CSJ”, afirmó.
Señalados
Dentro de los magistrados electos cuestionados figura la jueza de Mayor Riesgo, Eva Recinos, quién resolvió que la candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, recobrara su libertad en el caso de financiamiento electoral ilícito.
El MP afirmó que en las elecciones del 2015, cuando Torres perdió la presidencia frente a Jimmy Morales, habría consentido siete aportes económicos que no se reportaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Cuando el caso salió a la opinión pública, los señalamientos del MP daban cuenta que la cifra de dudosa procedencia era de Q19 millones, pero la acusación que fue expuesta para la fase intermedia detalló Q5.9 millones.
Recinos también impuso una fianza de Q300 mil al expresidente Otto Pérez Molina y ordenó su arresto domiciliar en el caso Cooptación del Estado.
El viceministro de Gobernación, Remberto Ruiz, y dos señalados se favorecieron con la resolución de Recinos, que ordenó una falta de mérito por la muerte del sindicalista Manuel de Jesús Ramírez. La jueza consideró que no existen indicios suficientes para el procesamiento de Ruiz.
Comisiones Paralelas
El juez Gesiler Smaille Pérez, fue incluido en el caso Comisiones Paralelas, y según el MP tuvo conversaciones con Gustavo Alejos. Estados Unidos también lo señala de socavar los procesos democráticos al obstruir los enjuiciamientos de los defensores del esquema de “Comisiones Paralelas 2020” para llenar la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones con jueces corruptos.
La magistrada electa, Gloria Dalila Suchité avaló que Gustavo Alejos fuera trasladado a la cárcel Mariscal Zavala, la cual fue requisada y se localizaron varias comodidades para el exfuncionario.
