A ello se agrega la actuación de la comisión permanente del Congreso de no acatar las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC), lo que agrava el endeble sistema.
El pasado viernes, la CC emitió un amparo definitivo contra la CSJ que detiene el antejuicio contra cuatro magistrados de aquella Corte, y advirtió que se habría lesionado la institucionalidad y finalidad del máximo tribunal si hubiera avanzado el trámite de la referida acción.
Pero no todos están de acuerdo con la sentencia de la CC. Sin embargo, los expertos coinciden en que el fallo de la CSJ con el que se tramita el antejuicio contra magistrados de la máxima corte constitucional es “nula de pleno derecho”, pues el pleno de la CSJ fue integrado por suplentes, lo que es “arbitrario e ilegal”, porque incumple el orden de prelación de los magistrados llamados a ocupar esos cargos, según la Ley del Organismo Judicial.
Golpe técnico
“Yo estimo que si eso -el antejuicio- hubiera pasado era un golpe de Estado técnico porque se estaría defenestrando -separar o expulsar- anómalamente a los magistrados de la CC”, declaró Gabriel Medrano Valenzuela, expresidente de la CSJ y expresidente del Tribunal Supremo Electoral.
Al preguntarle por qué sería un golpe de Estado técnico, el jurista afirmó que se estaría procediendo contra Derecho, y aunque hay diversas opiniones, en el artículo 167 de la Ley de Amparo, de Exhibición Personal y de Constitucionalidad, dice que los magistrados de la CC ejercerán sus funciones independientemente, que el órgano o entidad que los designó y no podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo, y los magistrados expresan esas opiniones, cuando emiten dictámenes, opiniones, resoluciones y sentencias y es muy clara la norma a ese respecto.
Medrano Valenzuela considera que no se puede especular si la CSJ acatará la sentencia de la CC, porque sencilla y simplemente todos los funcionarios y ciudadanos “estamos en la obligación de acatar la sentencia que emitan los órganos de justicia, así como la CC”.
Sentencia aberrante
Por medio de un comunicado de prensa, el Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon) subrayó que los efectos de la sentencia de la CC que ordena detener la tramitación de antejuicio contra cuatro magistrados de ese tribunal constitucional son aberrantes por varias razones.
Primero porque “ejemplifica cómo unos magistrados conocen de un asunto propio”.
Además, pretende establecer en este caso y en el futuro, el precedente de que un órgano constitucional de control inter orgánico no pueda realizar funciones expresamente señaladas en la constitución como es la facultad de conocer y tramitar antejuicios contra magistrados de la CC conforme al artículo 165 de la constitución.
Asimismo, pretende validar que cualquier interpretación a la Constitución, que haga la CC, se pueda imponer a los ciudadanos y a los demás poderes de la República, “aunque se alejen de la ética, la ley y las obligaciones internacionales”.
“La obediencia al Derecho debe conseguirse a través del respeto y de la confianza de los ciudadanos en él. Esto se hace posible solo cuando el ciudadano tiene la seguridad de obtener justicia de órganos imparciales establecido para ello”, señala el comunicado.
La postura de Cedecon indica que ante tales hechos se exigen a los poderes del República actuar con apego a la constitución y al Ministerio Público, continuar con las investigaciones de las denuncias penales presentadas en esta crisis constitucional, agrega el boletín de prensa.
Crisis prolongada
Para el abogado y constituyente Aquiles Faillace, la CSJ es ilegal desde hace nueve meses, porque prorrogó su mandato, y en este caso -de antejuicio contra magistrados de la CC- se integró con suplentes de forma ilegal.
Agregó que los magistrados de las salas de Apelaciones están usurpando sus funciones desde hace nueve meses, y no les correspondía subir a un pleno de la CSJ a firmar el referido fallo -26 de junio al trámite de antejuicio-, por lo que hay dos ilegalidades.
“La pregunta aquí es: ¿hemos vivido en una situación de inconstitucionalidad nueve meses, y que se puede hacer? No hay respuesta en la ley, y aquí está la respuesta a la sentencia 2-95 de 1993, que es la que desconoció a Jorge Serrano Elías como presidente, y la CC le pidió auxilio al Ejército para reponer el orden”, explicó Faillace.
Recordó que la ley no prevé una situación donde un poder se pone encima de los demás, que es el caso de la CC.
“Usted mira que la CSJ se quiere quitar de encima a la CC, y resulta que ese organismo le da órdenes al Congreso y también le da órdenes al Ejecutivo y el presidente se los quiere quitar de encima. Y la pregunta es quién controla a la CC. Entramos y no hay salida del laberinto perfecto de abogados, ya que todos tienen la razón y nadie tiene la razón”, enfatizó el abogado.
Reiteró que la única salida de esta crisis es un acuerdo político global, que se elijan las nuevas cortes, que voluntariamente la CC se aparte, que el presidente brinde el respaldo a la institucionalidad y que el orden se mantenga, pero eso significa un acuerdo político gigantesco, para el que no hay condiciones.
“Mientras se tenga a individuos con antejuicios que no prosperan en el Congreso, ese individuo está interesado en nombrar a la próxima Corte que lo seguirá defendiendo, y estamos en un enredo del que no hay salida”, apuntó.
Ciclo
El abogado Álex Franco, experto en derecho constitucional, opinó que la CC resuelve exactamente lo mismo de lo que ciertos sectores de la sociedad hoy les critican.
“La CC indica que la CSJ no se integró de manera correcta para conocer del antejuicio contra ellos y la crítica contra los actuales magistrados de la CC es que ellos no integraron correctamente el tribunal constitucional para conocer una acción constitucional de amparo en la que ellos mismos son parte”, comentó.
En todo caso, enfatizó que la población guatemalteca se merece tener instituciones jurídicas sólidas, integradas por personas íntegras y éticas, y este problema puede generar una desobediencia generalizada de los guatemaltecos a las instituciones de Derecho, y respetar la Constitución Política.
