Cuatro expertos, analistas en seguridad y justicia e investigadores opinan sobre las acciones de Porras en los tres años de gestión al frente del Ministerio Público (MP). Cada uno califica los logros del ente investigador durante la actual administración.
Acciones positivas
Édgar Ortiz, director del Área Jurídica de la Fundación Libertad y Desarrollo, ve positiva la creación de modelos para atender a mujeres víctimas de violencia, mujeres indígenas y menores de edad, y también cree que en los últimos 10 años el MP fortaleció su capacidad en términos generales. Agregó que la gestión de Porras ha dado continuidad a muchos avances y proyectos que se habían implementado.
“Es una buena noticia que se anuncien estos programas, pero tienen retos de implementación muy grades como la selección del personal hasta la correcta implementación de los procesos”, señaló.
Para Sandino Asturias, coordinador del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), la creación de mecanismos y modelos para atender a víctimas de delitos son procesos continuados de más de 10 años y venían avanzados. Señala que buena parte de la institucionalidad que ha construido el MP se mantiene, lo cual es positivo para las investigaciones que efectúa.
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“Es muy importante entender que no es solo un problema de gestión, sino que también hay un comportamiento institucional y cultural que reproduce eso dentro de las instituciones, una de esas es la violencia contra las mujeres”, dijo Asturias.
Marco Canteo, experto en política criminal y consultor en seguridad y justicia para organismos internacionales, opina que en la gestión de Porras se observa un mayor enfoque de persecución penal de delitos que no tienen incidencia política, como la violencia contra la mujer y la extorsión, porque se destinan recursos y esfuerzos para perseguirlos.
“Para combatir estos delitos se observa que tienen ciertas libertades que no se ven en otro tipo de criminalidad, y aún así los datos demuestran que el MP investiga, pero la acción penal no es suficiente para prevenir la delincuencia”, expresó.
La cobertura que logró el ente investigador es un logro y avance importante para el país, en opinión de Francisco Jiménez, investigador del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible, quien considera que también hubo mayor concentración en unas áreas que en otras de la política criminal democrática.
“En la perspectiva de la persecución penal, del mundo y no solo de Guatemala, se consideran poblaciones en situación de riesgo que tienen la necesidad de ser atendidas de una manera particular, porque el fenómeno criminal tiene sus particularidades”, indicó, sobre la creación de nuevos modelos del MP.
Deuda social
Para Ortiz, las extorsiones son el delito más común en la seguridad nacional y van en incremento. Además, opina que el ente investigador tiene problemas de datos porque, aunque se sabe que se incrementan las denuncias, también que muchas víctimas de este delito no denuncian.
“El Ministerio Público debe implementar datos, porque, si no, se están tomando decisiones en la oscuridad. Necesitamos implementar encuestas de victimización para que haga de forma adecuada su trabajo. En el fenómeno de la extorsión tiene que darse un abordaje más integral, porque hay extorsión muy bien organizada que proviene de pandillas y luego hay incidencia muy grande de los imitadores. La tecnología, inteligencia y datos pueden resolver este problema”, afirmó.
Asturias instó a las autoridades a que hagan estudios de victimización para que se enfoquen mejor los recursos, porque, así como se unificaron esfuerzos para reducir los delitos contra la vida, se debería aplicar esta articulación para la violencia contra la mujer y contra la extorsión. Afirmó que hasta ahora solo existe una encuesta de victimización que se efectuó hace tres años.
También criticó que el MP captura a personas que son utilizadas en las estructuras criminales, pero no a los cabecillas. “Capturan a los más débiles”, señaló.
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En tanto, Canteo señaló que por años se ha buscado resolver la problemática criminal por medio de la justicia penal y no siempre se puede lograr, porque se deben retomar las bases del enfoque político criminal.
“Hace falta más política de prevención, más política social. El país, en las últimas décadas, ha privilegiado más la política criminal y no la política social”, expresó.
Agregó que el MP debe ser consciente de que su responsabilidad es incrementar las salidas alternas a las denuncias de casos y también la presentación de acusaciones. “Las acusaciones se quedan pequeñas en relación con la enorme cantidad de denuncias recibidas. El MP tiene que mejorar sus datos para medirlos con mayor objetividad”, recalcó.
Mientras, Jiménez explicó que el número de sentencias, comparado con el período pasado, resalta por su importancia y es mayor, pero el problema está en cuánto impacto tienen con el fenómeno criminal.
“Aunque haya sentencias y condenas que muchas veces suelen ser elementos ejemplificadores y pedagógicos a la sociedad y sobre todo para las personas que cometen delitos (…), en ese sentido pueden tener o no impacto. En el caso de Guatemala me temo que no tienen impacto, porque solo por sí mismas no dicen nada, pero sí para el informe y para decir que las cosas se están haciendo bien”, expuso
Puntos que corren riesgos
Para Ortiz, el sistema, sobre todo en la cultura jurídica, hay un problema muy grande respecto de que los operadores de justicia están entrenados para cumplir procesos y llenar requisitos, y no necesariamente están capacitados para brindar justicia y atender a la víctima. Además, la mora fiscal es “monstruosa”, por lo que considera importante hablar sobre la prevención del delito, porque cualquier acción puede llegar a denuncia penal y podría resolverse por medio de otras medidas.
Añadió que el MP no abandera la lucha contra la corrupción, aunque reconoce que existen muchos factores que afectan al país, tales como que la clase política trata de avasallar y sepultar estos avances y la Feci es objeto de ataques desde la clase política y no ha contado con el respaldo necesario.
En opinión de Asturias, Porras no se convirtió en líder de la lucha contra la corrupción, se alejó de la sociedad pública y se ve más cercana al Gobierno y a los poderes fácticos, lo cual le resta credibilidad. “La fiscal no actúa con total independencia”, afirmó.
Esa cercanía, a decir de Asturias, es preocupante por los temas que haya que investigar y la utilización política del MP, porque se podría creer que tiene fines políticos. “Vemos un Ministerio Público demasiado cerca del Ejecutivo, lejos de la sociedad civil y que no actúa con la celeridad y fuerza contra casos de corrupción; por lo tanto, la percepción ciudadana queda reflejada en esta observación”, enfatizó.
Canteo comentó que la gestión de Porras tiene una debilidad en el manejo de información y de datos. “Lo primero es aconsejarles que ordenen la información, porque por un lado hablan de eficacia y luego de eficiencia. Son diferentes. Después hablan de impunidad y no se termina de entender qué pretenden informar. Cuando ordenen sus datos se puede medir su eficacia y eficiencia”, afirmó. Para este analista existe una percepción muy grande de que el compromiso de la lucha contra la corrupción es el mismo que el de la anterior administración.
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Para Jiménez, la cobertura de las fiscalías en los municipios implica proporcionar estructura física y recursos humanos para funcionar efectivamente en cada localidad. “El gran desafío del Ministerio Público es dar un paso cualitativo en los avances de hoy”, advirtió. Además, tiene la impresión de que la lucha contra la impunidad se está perdiendo y que se queda solo en un área y se olvidan de otras.
Desde la perspectiva de violencia contra la mujer, agregó que no se conoce si los fiscales reciben capacitación y sensibilización sobre género, porque son temas que no están en el informe. “Aquí el tema no es solo la mora, sino también calidad en atención a los casos. Eso implica que se invierta más presupuesto, un plan de capacitación más intenso. El informe no da para esos detalles, habría que actualizar esa información”, dijo.
Las oportunidades
Ortiz expresó que la gestión de Porras ha dado continuidad a muchos avances y proyectos que se habían implementado en el MP y que también existe la tendencia de profesionalizar mejor la institución. Cree que es importante que el MP alcanzara la cobertura a escala nacional.
Afirmó que es una buena noticia que se implementan mecanismos para poblaciones vulnerables específicas. “El fenómeno del delito es distinto en el caso de la violencia contra la mujer, con menores en conflicto con la ley penal, con mujeres indígenas, y creo que hay una lógica sólida detrás de implementar atención específica, porque el Estado no siempre llega de forma oportuna a titular a estas personas, por diversas razones”, resaltó.
Asturias ve como oportunidad que esta gestión venía con procesos que iniciaron fiscales anteriores para fortalecer el MP y no comenzó de cero. Además, buena parte de la institucionalidad se mantiene y la cobertura se debe a espacios construidos con donaciones de la cooperación internacional, apoyo que le ha permitido la construcción de estas sedes fiscales.
“Es evidente que este logro, sin la cooperación internacional de INL, de Seguridad y Justicia de ID y de la Unión Europea no hubiera sido posible. Gracias a la cooperación se tiene cobertura ampliada”, señaló.
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Para Canteo, esta administración del MP es la que más respaldo y apoyo económico ha recibido, lo cual incide en que los fiscales que investigan casos que no son de impacto tengan más libertad para hacer su trabajo y con independencia de criterio.
“Lo que las instituciones del MP requieren es no solo un modelo de independencia funcional, un modelo de justicia constitucional, sino también modelos de carreras que funcionen. Se le reclama que debe terminar de hacer una reforma profunda a su modelo de carrera fiscal”, señaló.
Jiménez opina que el modelo de atención a la víctima tiene dos funciones importantes: en una visión antigua siempre se vio a la víctima como un elemento fundamental para la articulación para los elementos de judicialización, pero el modelo cambia para que esta sea vista como alguien dañado, y el Estado debe crear condiciones para restituir su condición. Añadió que el Ministerio Público ha jugado un papel importante para la disminución del índice criminal en los últimos 10 años.
